Dinero, política y corrupción

Un buen amigo me dio hace ya tiempo un consejo que siempre he considerado acertado: si te dedicas a la política, olvídate del dinero. No creo que la vocación política obligue a voto de pobreza. Es más, considero que es un valor para la política que quiénes deciden dar el paso a la actividad pública tengan previamente una carrera profesional en la que hayan demostrado su valía y puedan haber acumulado por tanto un patrimonio propio. Tener una mínima capacidad económica o profesional permite a un político mantener una cierta independencia muy saludable en un sistema de partidos. Pero más allá de la obligación fundamental que tienen todos los ciudadanos de ganar su dinero lícitamente, algo especialmente exigible a quienes deben dar ejemplaridad en razón de su representatividad ciudadana, la política supone, es mi opinión, una renuncia moral al enriquecimiento mientras se ostenta el poder.

Y supone esa renuncia a la riqueza no tanto por el tópico de que la mujer del Cesar no sólo debe ser honrada sino parecerlo, sino más bien porque el político no solo debe parecer honrado sino serlo. No se trata, por tanto, de que se pueda demostrar que un político ha obtenido ingresos ilícitamente, algo que en ocasiones depende más de la habilidad del corrupto para no dejar huellas que de su propia honradez, sino de evitar toda sombra de sospecha de que quién ostenta el poder se haya podido servir de cualquier forma de su posición política para obtener ingresos aún cuando estos resulten totalmente legales.

Esta exigencia moral de no enriquecerse mientras se está en la actividad pública, más allá de lo que a cada uno le proporcione su patrimonio previo, no creo que sea exigible únicamente a la izquierda, aunque su discurso igualitario y su énfasis en la solidaridad tenga un punto de incongruencia con amasar fortunas desmesuradas, sino que me parece una saludable recomendación para todos, aunque tampoco creo deba plasmarse en ninguna obligación legal o reglamentaria a las que ya existen. En todo caso, puedo anunciarles que es un compromiso personal. Si tu objetivo es el dinero, puedes dedicarte a cualquier actividad privada legítima. Si tu vocación es el servicio público, que sepas que eso implica algunas renuncias, entre otras, el lujo y la ostentación. Así de simple.  

España tiene un serio problema de corrupción política que afecta al conjunto de los partidos políticos, lo que constituye un verdadero cáncer para nuestra democracia. Es verdad que hay una gran diferencia entre que pueda haber corruptos en un partido (por desgracia  los hay en todos) y otra que haya un partido corrupto, como lo fue el PSOE de FILESA. Y también es cierto que en unos partidos hay más corruptos que en otros, el PSOE de Zapataro encabeza el número de casos de la Fiscalía Anticorrupción. Pero lo cierto es que en nuestro país, también en otros muchos países democráticos, tenemos un problema de corrupción y no sólo, como a veces se quiere hacer creer, en la clase política. Ahí está un juez estrella de la Audiencia Nacional imputado en el Supremo por tres delitos de prevaricación, por poner sólo un ejemplo. En los estados totalitarios la corrupción forma parte de la propia esencia del régimen.

El hecho de que las encuestas nos sitúen a los políticos en España como el tercer problema nacional debería generarnos algo más que una honda preocupación. La estrategia de utilizar la corrupción como un arma arrojadiza para atacar al adversario, mientras se hace todo lo posible por ocultar la propia, es suicida no sólo para los partidos, sino para el propio sistema democrático. En mi opinión, la situación ha llegado a un punto que tenemos que hacer tres cosas. Primero, reconocer que tenemos un problema. Segundo, arreglarlo con medidas que no sólo castiguen implacablemente la corrupción, sino que prevengan eficazmente cualquier forma de corrupción. Y tercero, hacer un gran pacto para que los corruptos no tengan sitio en nuestra democracia.