"Se han constituido en instrumento de la actual expresión del fascismo español"; "Son cómplices de las torturas franquistas"; "Se han puesto en manos de los corruptos". Estos son sólo algunos de los gravísimos improperios que el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo ha dirigido este martes a los miembros del Tribunal Supremo encargados de enjuiciar a Garzón por tres delitos de prevaricación.
Excepción hecha de las diatribas que Iñaki Bilbao y otros etarras han dirigido contra sus juzgadores, jamás los miembros de un tribunal habían recibido en un acto público y en la reciente historia de nuestro país insultos tan graves como los que les ha dirigido el ex fiscal jefe Anticorrupción y tío de la actual ministra de Sanidad a los miembros del Supremo. Jiménez Villarejo los ha pronunciado, además, en la Universidad Complutense, en un acto presidido por su rector, Carlos Berzosa, y convocado por los dos mayores sindicatos de nuestro país como son UGT y CCOO, entre aplausos de todos los asistentes.
Aunque todas las intervenciones –incluidas las de los líderes sindicales y la del rector– hayan contribuido a que el acto se convirtiera en un aquelarre guerracivilista y totalitario contra una de las instituciones esenciales de la democracia, como es el poder judicial, en general, y el Tribunal Supremo muy en particular, la intervención de Jiménez Villarejo es la que se lleva la palma. No contento con acusar a los magistrados del Supremo de "ponerse en manos de la Falange" y de ser "instrumentos del fascismo", Villarejo ha acusado a los miembros del Tribunal Supremo nada menos que de "criminalizar la independencia" del juez Garzón. Vamos, como si la independencia de un juez le permitiera a este independizarse de la ley que debe observar, cumplir y hacer cumplir. Villarejo también ha dejado en evidencia su totalitaria concepción del derecho al cuestionar la admisión a tramite por parte del Supremo de querellas o denuncias, no en función de si son o no indiciarias de la comisión de un posible delito, sino en función de la ideología de quienes las interponen. Así, Villarejo considera "incompatible" con la democracia que "se acepten querellas procedentes de la extrema derecha".
Aunque los fundadores de Libertad Digital se enfrentaron a la dictadura en tiempos en que Jiménez Villarejo ejercía de fiscal del régimen franquista, en un Estado de Derecho lo único que puede limitar los derechos de los ciudadanos, incluidos los falangistas y su derecho de apelar a los tribunales, es la ley. Y es precisamente la ley lo que Garzón se saltó a la torera cuando pretendió ignorar sus competencias jurisdiccionales, la extinción de responsabilidad penal por fallecimiento, los plazos de prescripción de nuestro Código Penal o la vigente Ley de Aministía de 1977 que le impedían abrir su delirante causa penal contra el franquismo. También lo hizo con ley que le impedía grabar las conversaciones entre un acusado y su abogado, como hizo en el caso Gürtel, o con la ley que le obligaba a apartarse de la causa que archivó contra el presidente del banco del que había recibido unos cuantiosos fondos para financiar sus cursos en Nueva York.
A los improperios de Villarejo contra lo que ha calificado de "supervivencia del franquismo judicial", hay que sumar, no obstante, los exabruptos de Candido Méndez contra "los hijos de la dictadura" y contra la "tiranía del capital". Con el tono propio de esa izquierda guerracivilista y totalitaria de los años treinta de la que parecen, ciertamente, sentirse herederos, también el representante de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha denunciado el "asalto al Estado de la sedición franquista" y "el régimen sentado en el genocidio, el expolio y el rencor". Todo ello, no lo olvidemos, desde una universidad pública que por obra y gracia de su rector ha pasado a convertirse en un altavoz de consignas contrarias a la democracia.
Si ya es lamentable que los sindicatos no asuman su responsabilidad en la gravísima destrucción de empleo que estamos padeciendo o que el rector de la Complutense no acepte la suya en el deterioro que sufre su universidad, peor aun es que la eludan para perpetrar y ser correas de transmisión de una autentica rebelión y atentando verbal contra la democracia y sus instituciones propias de los años treinta.
El espectáculo ha sido tan patético y vergonzoso desde el punto de vista democrático que el presidente del Gobierno se ha visto desde Nueva York en la obligación de pedir respeto, de manera reiterada, al poder judicial. Pero que nadie se llame a engaño. Estas "impecables" declaraciones de Zapatero no son otra cosa que la forma que tiene de tirar la piedra y esconder la mano. Ha sido él y su Gobierno los que, desde primer momento, han instigado esta campaña guerracivilista contra el Tribunal Supremo. UGT no deja de ser la correa sindical del PSOE en estos asuntos y jamás se habría lanzado a esta campaña sin la condescendencia del Ejecutivo. Lo mismo cabe decir del ex fiscal socialista o del propio rector de la Complutense.
En cualquier caso, este bochornoso episodio, con el que la izquierda más trasnochada parece empezar una campaña más generaliza de hostigamiento contra el Tribunal Supremo, merece una condena más firme que la lacónica "preocupación y tristeza" expresada por el Consejo General del Poder Judicial o que las fariseas peticiones de "respeto" expresadas por el presidente del Gobierno. Al menos por parte de aquellos que realmente valoren las libertades que nos proporciona un Estado de Derecho.