La verdad es que el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, no se ha andado con contemplaciones en su demoledor auto de más de cien páginas en el que imputa al ex presidente balear Jaume Matas doce delitos de corrupción penados con 64 años de cárcel y para el que decreta prisión provisional bajo fianza de tres millones de euros.
Con independencia, no obstante, de si es o no el momento procesal oportuno para que el juez sea tan extremadamente explícito en sus acusaciones, y al margen también de la astronómica cuantía de la fianza –la más alta de las interpuestas a un político por un caso de corrupción–, lo cierto es que el ex dirigente del PP no ha podido hacer la menor refutación, mínimamente seria, a los múltiples indicios que le señalan como presunto autor de siete delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, prevaricación administrativa, fraude a la Administración, blanqueo de capitales y un delito electoral.
Ante estos hechos, no podemos más que afirmar, una vez más, que la corrupción no conoce de siglas y que ante esta lacra no sólo es exigible el coraje moral sino reformas que sometan a quienes detentan el poder público al menor número posible de tentaciones. La falta de fiscalización del gasto público y su amplio grado de discrecionalidad es terreno abonado para que los políticos incurran en delitos como de los que se acusa al ex presidente balear y ex ministro de Medio Ambiente.
No menos lamentable es el hecho de que, a pesar de los múltiples y graves indicios contra Matas, la dirección del PP haya esperado a que sea el propio imputado quien este mismo lunes se diera de baja en el partido. Así mismo, resulta impresentable que en la nueva dirección del PP balear, presentada este martes por su presidente, José Ramón Bauzá, figuren cinco ex consejeros de Matas, dos de ellos imputados, como el ex presidente, en casos de corrupción. Se trata de Jaume Font, imputado en el caso del Plan Territorial de Mallorca, que continuará como portavoz en el Consell insular de Mallorca, y el ex consejero de Industria y Energía, Josep Joan Cardona, que será el coordinador sectorial en esta materia a pesar de estar imputado por corrupción en el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares.
Y es que ante indicios e imputaciones como las que nos ocupan, la dirección del PP no puede limitarse a animar a sus miembros a defender su inocencia "si pueden", tal y como ha hecho Rajoy en el caso de Matas. Por el contrario, debe cortar de raíz con aquellos de cuya inocencia se dude.