Condenar el terrorismo

Parece mentira, pero hubo un tiempo –hace no mucho– en el que ETA moraba en las instituciones como una fuerza política más. Entonces había una ceguera voluntaria respecto a HB. Esta coalición había sido creada, organizada y dirigida por ETA, pero pocos osaban recordar esta relación, principalmente porque los mataban. Entonces, con HB fuerte en cientos de instituciones –incluido el Congreso de los Diputados– y la democracia a la defensiva, se ideó la fórmula de "condenar el terrorismo" para desenmascarar a los batasunos. Crimen tras crimen, las fuerzas democráticas, para mostrar el verdadero rostro de los Idígoras, Zabaleta o Erkizia, les pedían "sólo" una condena, sabiendo que no la harían. Indirectamente, mediante un simple gesto, se trataba de mostrar quiénes eran, realmente, estos sujetos.

Desde mediados de los noventa, esto cambió. A la doctrina Aznar de lucha contra ETA y contra toda la ETA se sumaron el siempre oportunista juez Garzón y toda la Audiencia Nacional. Se demostró policial y judicialmente que HB y sus sucedáneos formaban parte esencial de ETA. Los vínculos a través de KAS salieron a la luz en investigaciones y juicios: a través de la doble militancia, los cabecillas de HB eran los cabecillas de ETA, y viceversa. Así que por fin vio en 2002 la luz la Ley de Partidos y se ilegalizaron las marcas blancas de ETA, al menos hasta las negociaciones de Zapatero con la banda. La abstracta y simbólica exigencia de condena ya no tenía sentido, porque quedaba demostrado que no condenaban el terrorismo porque eran ellos los que ejercían.

Con estos instrumentos, el procedimiento es fácil: se investigan las listas, y si hay vínculos con ETA, se ilegalizan. Es lo que el Gobierno no está haciendo hoy con los más de 40 ayuntamientos, con concejales que son históricos batasunos, participantes en algaradas callejeras o miembros de asociaciones de presos. No es un problema de capacidad, sino de voluntad. Si el Gobierno cumple la ley, ETA saldrá de la gran mayoría de instituciones. Y en tres años ha habido tiempo más que suficiente para investigar a la mayoría de ellas.

En cualquier caso, es absurdo volver a la "prueba de la condena" para luchar contra las marcas etarras. Primero, porque aun siendo moralmente repugnante, se puede no condenar e incluso justificar el terrorismo sin pertenecer a una banda criminal: ¿no lo hace el PSOE con Hamás? ¿Habría que expulsar a Moratinos por no condenar al terrorismo palestino? ¿Qué decir de Eguiguren? Todos ellos se comportan miserablemente y no condenan al terrorismo, pero no forman parte de grupo terrorista alguno. No es delito no condenar el terrorismo, sino ejercerlo y colaborar con él de una forma u otra, y ese era el espíritu de las reformas legales de los años 2000 y 2002.

Segundo, porque "condenar el terrorismo" es una formula lo suficientemente ambigua como para que cualquiera pueda suscribirla, incluso un asesino, sin que eso signifique nada. De hecho, HB lo hizo durante un tiempo: condenaba el terrorismo "viniese de donde viniese, incluido el del Estado español". Se puede formalmente condenar el terrorismo y ejercerlo: basta con que se considere que es el otro el que lo hace para hacerlo con la conciencia tranquila. Y aquí viene lo peliagudo. De cara a la negociación del PSOE con ETA, esta ambigüedad es pieza fundamental. Si la clave para inhabilitar a los batasunos es si condenan o no, y teniendo en cuenta lo flexible de la expresión, cualquier cosa que digan los miembros del ala política de ETA bastará para que Rubalcaba, Caamaño y ZP los habiliten institucionalmente. Si son éstos –cuyo proyecto político pasa por atraer a ETA a las instituciones– los que decidirán cuándo alguien condena el terrorismo y cuándo no lo hace, entonces está claro que a las huestes políticas de ETA les bastará un simple gesto para aprobar el examen y entrar a saco en la política vasca. ¿Se tratará realmente de esto?