Gran servicio a la construcción al Estado de Derecho ha hecho el Auto firmado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que se siga la instrucción por prevaricación contra Garzón. El Auto ha sido coherente con todo este proceso. Es una segunda bocanada de aire fresco para nuestra democracia. Recordemos que la admisión a trámite de una querella criminal contra el juez Garzón por intentar juzgar penalmente a Franco fue, como mantuve en su momento, la primera señal de alegría para la democracia, en general, y la justicia, en particular, durante los últimos años. Fue, sin duda alguna, uno de los pocos acontecimientos dignos de celebrarse en nuestra historia reciente. Un novumpolítico digno de seguirse y, por supuesto, analizarse.
La admisión a trámite de esa querella, independientemente del resultado penal, fue todo un acontecimiento democrático y, por supuesto, una defensa del propio sistema judicial, que estaba siendo liquidado desde dentro, según le advirtió al juez Garzón el propio Ministerio Público. A pesar de la insistencia del Ministerio Público, a través de distintas instancias, sobre la incompetencia de Garzón para abrir una causa contra Franco, el juez siguió adelante, sin querer ver ni los vicios ideológicos ni tampoco técnico-judiciales de fondo que arrastraba su posición. Entre todos esos vicios, destacaba la obsesión de Garzón por juzgar penalmente a un muerto. Seguramente, ahí se alojen todas las razones para argumentar sobre el posible delito prevaricador del encausado... Abrir una causa penal a Franco es, a juicio de los mejores analistas, un atropello jurídico, entre otras razones porque la responsabilidad penal desaparece con la muerte de los individuos.
Sin embargo, Garzón apeló a la Sala de lo Penal del Supremo para que la instrucción abierta contra él por el juez Luciano Varela fuera sobreseída. Eso era un imposible. La sala ha contestado por una unanimidad y de modo inapelable: "Ni hay certeza sobre la inexistencia del delito, ni es arbitraria, ilógica o absurda una posible calificación acusatoria por prevaricación." Estos jueces están actuando del modo más técnico y profesional que cabía esperar, pero lo más relevante de este Auto, a mi juicio, es su extraordinario carácter pedagógico sobre qué debería ser la justicia.
Sí, sí, detrás de todos esos razonamientos hay un fondo educativo de carácter político, a saber, no se trata de vivir en un orden legal más o menos perfecto, impuesto, sino de creérselo. Este Auto ha querido dejar claro que no hay mejor modelo de justicia que la persona, sea juez o ciudadano de a pie, que hace voluntariamente lo que la mayoría de los seres humanos hacen por coerción. No hay, pues, ley escrita que sea las panacea de todos los males sociales si, previamente, no hay una educación capaz de implantarla. He ahí la principal carencia de Garzón.