Uno de los conceptos más enigmáticos, entre los innúmeros ingeniados con tal de esquilmar al erario, es ése de las deudas históricas. Así, tras más de treinta años de hégira socialista, cualquiera barruntaría que es el PSOE quien ha contraído una obligación impagable con Andalucía. Sin embargo, y a decir de Javier Arenas, los genuinos deudores morosos de Griñán & Cia seríamos el resto de los españoles, todos, sin distinción de sexo, color, estado civil o ideología. Pues, al parecer, mientras corría presto el AVE hacia Sevilla, sonaban alegres las fanfarrias de la Expo, los del clan de la tortilla premiaban con flamantes autovías y autopistas a la región, llovía incesante en maná de los fondos europeos, y los quietos del PER contemplaban indiferentes cómo millones de inmigrantes lograban un empleo, no hacía más que crecer, crecer y crecer esa ignota deuda nuestra con la Junta.
Un débito mancomunado cuyo origen quizá se remonte a 1492, cuando Isabel de Castilla se apoderó del Reino de Granada sin abonar la preceptiva comisión a la familia Chaves. Aunque nadie reclamaría el correspondiente pago de nominal e intereses hasta el día que Aznar aterrizó en La Moncloa, en el año de Nuestro Señor de 1996. Por lo demás, tampoco nadie conocía el monto cierto del secular agravio. Hasta que un propio de Zarrías estimó a ojo de buen cubero que igual eran unos mil doscientos kilos, y tal que así quedó fijado el quebranto para la posteridad. Acto seguido, como buenos pícaros, se dieron a lo suyo: la comedia bufa.
Griñán reclamando, airado, el desembolso urgente de los cuartos al Estado; Zapatero, más trilero aún, echando toneladas creatividad contable a las valoraciones ful de los solares, eriales y descampados llamados a suplir el efectivo abono del parné. Una charlotada, otra más, de la que el PP no soportaba sentirse excluido. De ahí ese estupefaciente recurso ante el Constitucional, exigiendo dinero líquido para Griñán. Quiere demostrar Arenas que a demagogo no le gana nadie; ni Zapatero, que ya es subir la apuesta. Ahora apenas resta que, al modo de aquellos dioses que castigaban a los hombres concediendo cuanto les pedían, el Constitucional otorgue la razón al PP. Y, después, a bramar otra vez contra el "despilfarro" autonómico.