Si grave es que los etarras que han asesinado este martes al gendarme francés llevaran armas robadas durante la "paz sucia" de Zapatero, tampoco deberíamos pasar por alto el hecho de que, muy probablemente, todos ellos estaban en libertad provisional a la espera de ser juzgados por delitos relacionados con la kale borroka. Ese es el caso, al menos, de Joseba Fernández Aspurz, el único detenido hasta ahora, quien se encontraba en libertad provisional pese a dos procesamientos, y que la aprovechó para cruzar la frontera y dar el paso definitivo de su militancia en ETA. Hace tan sólo dos semanas su ausencia en un juicio desembocó en la orden de busca y captura.
Aunque estos entuertos de la justicia nada tengan que ver con la infamia colaboracionista que se perpetró a instancias políticas durante el mal llamado proceso de paz, la enorme frecuencia con la que una mal calculada aplicación de la libertad provisional estimula el paso definitivo a la militancia de ETA nos debería llevar a todos a reflexionar. Espero que nadie vea mal que yo lo haga limitándome a reproducir un artículo que, con el título de Estragos de la necedad judicial, escribí en este mismo periódico hace casi ocho años:
Una de las cosas más llamativas de la fuga del narcotraficante "El Negro" es la gran atención que los medios de comunicación han brindado a este caso que no es ni el primer ni el último ejemplo de reo que elude la acción de la justicia gracias precisamente a unos jueces que, a la espera de juicio, facilitan la fuga al dejarle en libertad bajo una nimia fianza.
Se dirá que en el caso del narco volador influían otras circunstancias específicas que justificaban esa mayor relevancia mediática como son las más que justificadas sospechas de que el juez que le brindó esa oportunidad de fuga podía haber sido sobornado por el narcotraficante. Sin embargo, la gravedad de la complicidad no debería dejar en un segundo plano las no menos nefastas consecuencias que provoca la simple estupidez de muchos de nuestros jueces. Decía Anatole France que "un necio es mucho más funesto que un malvado" y Ortega le daba la razón porque "el malvado descansa algunas veces; el necio, jamás".
Ciertamente, si comparamos los casos de fuga en libertad provisional relacionados con una posible complicidad del juez con el reo con los casos que obedecen a la simple necedad del magistrado que no valoró como debía los evidentes riesgos de fuga, la funesta "productividad" de la estupidez es infinitamente superior al de la maldad.
Tal es el caso, sin ir más lejos, de uno de los terroristas fallecidos el lunes al estallarles la bomba que transportaban. Con honrosas y escasísimas excepciones, los medios de comunicación han pasado de puntillas ante el gravísimo hecho de que el etarra fallecido Eoizt Gurruchaga se había fugado en 2000 aprovechando la libertad bajo fianza que se le había concedido a la espera de juicio por colaboración con el comando Donosti. Cuando la sentencia le condenó a cinco años de cárcel, las autoridades judiciales constataron que el terrorista simplemente había desaparecido.
Evidentemente se dirá que hay que evitar al máximo el perjuicio que para el reo supone la privación de libertad cuando aun no hay sentencia firme que le condene. Esta, sin duda, es una consideración plausible y es una razón más por la que hay que abogar por una mayor agilidad de la justicia. Sin embargo, esta razonable pretensión no puede soslayar el imperativo legal que exige a los jueces valorar los riesgos de fuga cuando los costes de poder cumplir una sentencia superan con creces los costes que para el reo tiene la clandestinidad y la pérdida de la fianza.
En el caso del terrorismo, esta falta de valoración adecuada por parte de los jueces ha sido tan frecuente que un experto en política antiterrorista como es el profesor Fernando Reinares la considera como uno de los hechos que han facilitado que meros activistas de la kale borroka, antes que cumplir con la Justicia, hayan preferido optar por la clandestinidad y en ella dar el paso definitivo de la militancia en ETA. Reinares, en su espléndido libro Patriotas de la muerte (Taurus 2001), reproduce una entrevista a un etarra en la que se evidencia que los terroristas, como el resto de delincuentes, hacen un análisis de coste-beneficio que, desgraciadamente, cierta "filosofía progre" del derecho, en la que están inmersos muchos de nuestros jueces, pasa irresponsablemente por alto:
"Que al final hubo una suerte del copón, porque me pedían once años, yo no fui al juicio y se quedó en uno. Y entonces, volví. Antes de que me pusieran en orden de busca y captura volví. Oye que me he equivocado de juzgado y tal y cual. Me habían juzgado hace dos días, ¿no? ¡Ah! pues sí, pues tenía que haberse presentado. Digo: es que me he equivocado, he ido a los otros juzgados de la otra punta de Bilbao y resulta que era aquí, y tal. Bueno pues que le hemos condenado a un año y que no tiene que entrar en la cárcel. De haberme condenado a más, no hubiera aparecido, no hubiera ido al juzgado. Y seguramente me hubiera metido ilegal, hubiera pasado la muga y adelante con todo".
Como la estupidez ciertamente no da tregua, no faltará quien a la luz de este ejemplo proponga rebajar aun más la pena para los llamados "delitos de iniciación" terrorista. Evidentemente hay que dejar margen a las penas que castigan los "delitos mayores" para que tengan más capacidad de disuasión que las que penalizan delitos de menor gravedad. Pero es indiscutible que ambas están muy bajas. El Gobierno acertadamente ha decidido recientemente elevar las penas que castigan esa colaboración con el terrorismo que supone la kale borroka. Pero nos tememos que, si no se tiene presente la necedad de muchos de nuestros jueces a la hora de aplicar la libertad provisional, se podrán reproducir esos efectos perversos de los que el caso del etarra fallecido es sólo un ejemplo.
Decía Sófocles que "ocasiones hay en que la justicia misma produce entuertos". No creemos que la justicia en sí misma, pero desde luego una concepción estúpida y –muy "progre"– del derecho los causa a cientos...