Que Estados Unidos no necesita una reforma sanitaria como la que insisten en aprobar Obama y los líderes demócratas resulta cada día más evidente. Que el pueblo no la desea, también. Hay al menos ciento cincuenta y nueve razones para no apoyar esa ley: una por cada agencia, oficina, programa y burocracia gubernamental que se halla en el proyecto de ley aprobado por el Senado. La única reforma urgente en este país es la de la propia credibilidad de los políticos demócratas ante el pueblo norteamericano. En lugar de llevar adelante puntuales reformas a través de los estados, centros que los padres fundadores de esta nación vieron como pequeños laboratorios de la democracia, Obama y el Gran Gobierno al que aspira su partido llevan más de un año intentando apoderarse de una sexta parte de la economía a través del control de la sanidad. Tras casi cuarenta discursos del presidente y con mayorías absolutas en las dos cámaras, la mal llamada "reforma" sanitaria sigue ahí enquistada y sin aprobarse todavía.
Lo que estos políticos a la violeta, soñadores del Estado Niñera, necesitan no es una reforma sanitaria como la que proponen, sino un buen psiquiatra que les ayude a lidiar con sus propias patologías, entre ellas la de mentir y creer que los norteamericanos somos idiotas. El lector puede mirar cualquier encuesta fiable sobre el asunto y observará, por ejemplo en Rasmussen Reports, que el 76% de los estadounidenses están satisfechos o muy satisfechos con su seguro médico; que el 57% de los votantes afirma que este proyecto de ley sanitaria dañará seriamente la economía norteamericana; que el 66% de los encuestados, o sea 2 de cada 3 votantes, cree que la nueva ley aumentará todavía más el déficit; y que sólo el 20% de los estadounidenses apoya de manera inequívoca y total este proyecto sanitario.
Por los pelos se aprobó en diciembre un primer texto de ley en la Cámara de Representantes que, al llegar al Senado, sufrió cambios y que sólo pudo aprobarse muy ajustadamente en la Nochebuena y gracias a varios tratos especiales a modo de compra de votos de senadores concretos (los llamados "Louisiana Purchase" y "Cornhusker Kickback") que indignaron a la ciudadanía. Con un coste de 875.000 millones de dólares, el timo de ley incluye diez años de gastos e impuestos al ciudadano pero sólo seis de beneficio médico. Al haberse realizado cambios sobre el primer texto legal, las casi tres mil páginas del proyecto de ley del Senado requieren ahora de otra nueva aprobación por la Cámara de Representantes. En ese juego andamos ahora, entre rumores de trucos y andanzas protocolarias. El teatrillo organizado por Obama con la cumbre "bipartita" hace unos días sobre la sanidad buscaba dejar mal a republicanos y conservadores pero estos salieron airosos y ofreciendo propuestas reales y serias, como hizo Paul Ryan.
Como Obama sale de viaje oficial el 18 de marzo, el presidente aprieta para que aprueben algo cuanto antes mientras su popularidad y la del Congreso están cada vez más bajas. La confusión entre los votantes y aun entre los legisladores es tal que nadie sabe ya lo que puede ocurrir. La presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, llegó a afirmar esta semana que había que aprobar una ley sin verla: "Tenemos que aprobar la ley para poder saber que hay en ella, lejos de la neblina de la controversia". Como a los demócratas no les salen las cuentas, se trata de echar a patadas a los que se apartan de la disciplina del partido. Así Pelosi y el apparatchik socialdemócrata se encargaron de sacar los trapos sucios del congresista de su propio partido, Eric Massa, de Nueva York, quien había votado en contra de la ley. Massa dimitió pero se encargó de confirmar las sucias razones políticas de su salida y de ventilar algunas cosas que han salpicado al asesor de Obama, Rahm Emanuel, y que dejan en mal lugar al Partido Demócrata.
Como siguen faltando votos, la también congresista demócrata Louise Slaughter está buscando una táctica para no tener que votar buscando vericuetos legislativos para aprobar la ley. La cosa es grotesca pues los demócratas aparecen así aprobando leyes sin leerlas o intentando aprobarlas sin votar. La irritada escena de esta misma semana del también demócrata Patrick Kennedy en el Congreso atacando lo de Afganistán ejemplifica la situación de caos y empanada mental que circula por los pasillos demócratas de Washington. Y todo eso tras la obligada dimisión del corrupto Charles Rangel y el escándalo de John Conyers y su esposa, por no hablar ya del juicio a John Edwards, el que iba a ser vicepresidente en 2004 de la mano de John Kerry. Ante tanto caos y nerviosismo, los medios obamitas echan mano de lo de siempre: atacar al movimiento de las Tea Party y colgarles algún sambenito para distraer la atención.
Así se explica que todavía circulen los ecos de la noticia de hace unos días referida a un hombre armado que intentó atacar el Pentágono e hirió con una pistola a dos policías en un tiroteo en una estación de metro en Washington. El atacante, de nombre John Patrick Bedell, resultó herido y murió después en el hospital. Los medios obamitas –y sus filiales internacionales– no perdieron un minuto en catalogar al atacante como anti-gobierno y ubicarlo en las filas de grupos de "extrema derecha" como las Tea Parties. En otra bofetada al sectarismo mediático obamita, hoy sabemos ya, pese al silencio de casi todos los medios, que el tal asesino Bedell odiaba a Bush y era votante afiliado al Partido Demócrata. No extraña pues que el gallinero demócrata quiera aprobar urgentemente una ley de sanidad. Requieren atención médica. Están de psiquiatra.