La reforma más necesaria

La situación que está viviendo España a raíz de los últimos acontecimientos tanto en el plano político, propiamente dicho, como en el plano económico, han puesto de manifiesto la divergencia entre el sentir de la ciudadanía y la clase política. Hasta el extremo de que cada vez son más la voces que reclaman como la reforma más necesaria para estimular la democracia española, la reforma del sistema electoral. 

Un simple repaso del estado de la cuestión muestra que el presente sistema electoral reparte Diputados en el Congreso de forma no equitativa. En las pasadas elecciones, dos partidos con el mismo número de votos obtuvieron, respectivamente, seis y un escaño. Seis para un partido nacionalista y uno para un partido con representación nacional. Este reparto se basa en la LOREG (Ley Orgánica de Régimen Electoral General sin modificación desde que entró en vigor en 1985) y cada vez con mayor asiduidad los partidos nacionalistas dan la llave al Gobierno, por lo que éste queda a merced de partidos con una representación del 1% del voto nacional. Esta dependencia atenta contra la vertebración de la nación española.

En estos días en que la credibilidad económica nacional ha sido cuestionada por los mercados financieros, no se puede olvidar la terrible factura que deriva del sistema electoral. ¿Hay alguien que piense que alguna comunidad autónoma vaya a frenar su gasto habiéndose acordado un suculento déficit para todas y faltando transparencia en el proceso de control? El Gobierno parece dispuesto a recortar la inversión a las autonomías que no ajusten sus déficits. Pero dependiendo de partidos radicales y nacionalistas, en años marcados por elecciones, ¿es realista pensar que lo pueda hacer?

En el último debate del Foro Arrupe en Madrid, D. Manuel Jiménez de Parga, ex presidente del Tribunal Constitucional, acudió para abordar esta cuestión y debatir la reforma del sistema electoral. A la opinión de este eminente jurista se unió la mayoría de los participantes del Foro: la reforma del sistema electoral es la más urgente para España. No obstante, si la acometida de la reforma es ambiciosa, incluyendo, incluso, la reforma del Senado o la variación de las circunscripciones para el Congreso, implica una reforma de la Constitución que, en el mejor de los casos, sería extremadamente complicado. Según el artículo 167 de la Carta Magna, "Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras". Es decir, necesariamente implicaría que el PSOE y el PP se pusieran de acuerdo en reformar el sistema electoral, lo cual va más allá de toda probabilidad ya que estos dos son los partidos más beneficiados por la LOREG al recibir una sobre-representación a expensas de los demás partidos. Hubo voces que observaban cierta virtud en esta situación, argumentando que es una manera eficaz para la gobernabilidad del país, agregando votos a los partidos mayoritarios, más allá del porcentaje de votos ganados. Pero lo cierto es que con la LOREG se ha llegado a situaciones como la actual, un Gobierno minoritario que requiere apoyos puntuales de los demás partidos para legislar, y esto no ha puesto en entredicho la gobernabilidad del país. Sólo se evidencia un sesgo nacionalista en demandas y concesiones económicas desorbitadas.

Llegados a este punto, se podría pensar que es una situación sin retorno. Lamentable e irremediablemente podría verse así, porque cambiar la Constitución es una tarea ardua por no decir imposible. Ahora bien, no es necesario cambiar la Constitución para mejorar el sistema de reparto electoral en el Congreso y para potenciar partidos medianos de ámbito nacional, como UPyD y IU, que vendrían a remediar el papel desempeñado por los partidos nacionalistas bajo la LOREG. Se han explorado vías por las cuales se podrían acometer estas reformas sin necesidad de modificar la Carta Magna. Tal es el caso de la propuesta de Andrés Boix Palop, Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, el cual demuestra uno de los varios caminos que se pueden poner en marcha para lograr este objetivo respetando íntegramente la Constitución Española.

Recordemos que el artículo 68,1 de la Constitución establece que, "El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley". Pues bien, tal y como demuestra Palop, sería suficiente la "...ampliación del Congreso de los Diputados (actualmente de 350 Diputados) hasta los 400 miembros. Ya de por sí esta medida mitigaría en algo los problemas que en la actualidad se dan, pues ampliaría las dimensiones de muchas circunscripciones, permitiendo a medianos partidos obtener representación en alguna más y reduciendo además ligeramente la infra-representación de las provincias más grandes. Pero es que, además, estos 50 Diputados adicionales pueden ser especialmente provechosos si se juega con ellos con algo de imaginación y flexibilidad...". Siguiendo la regla de D’Hondt que inspira la LOREG se podría potenciar la presencia de los partidos nacionales medianos mediante esa aplicación flexible e imaginativa que pide Palop para los 50 Diputados adicionales. Los dos partidos nacionales grandes, así como los partidos nacionalistas relevantes, se verían, también, favorecidos por esta reforma de la LOREG, pero, sobre todo, los más beneficiados por la medida serían los partidos nacionales medianos, y como punto culminante, la democracia española.

Este análisis demuestra que una mayoría simple sería suficiente para reformar la LOREG y mejorar el reparto de los Diputados en el Congreso. Es cierto, no es la única reforma que hace falta, pero sí puede señalarse como la más urgente. La situación presente alcanzada lo pone de relieve. Por ello, hay más posibilidades de lograr esta hazaña cuando los partidos nacionales medianos logren suficiente peso específico en las urnas para exigir a uno de los dos grandes partidos que lleve a cabo esta referida reforma.

Según los expertos, el umbral para que un partido de ámbito nacional y mediano pueda evitar las mayores discriminaciones implícitas en la ley electoral actual es a partir del 7% del total del voto nacional. Logrado ese porcentaje, los partidos nacionales medianos tendrían suficiente peso específico en un número suficiente de circunscripciones para convertirse en eficaces sustitutos de los partidos nacionalistas para un Gobierno minoritario en el Congreso, y en esa línea provocar el cambio de la ley electoral. Las encuestas muestran que tanto UPyD como IU se acercan a ese umbral. Por ello, quizás sea el momento de reconsiderar y analizar lo que implica realmente un voto útil. España y su democracia lo necesitan urgentemente.