Los militares españoles han regresado a Haití. De ahí nos fuimos en marzo de 2006 tras la apresurada y sorprendente orden de retirar a nuestros infantes de marina. Ni la petición de la ONU de que las tropas continuaran, ni el enfado de los diplomáticos brasileños y de otros implicados en la operación, sirvieron para que el entonces ministro de Defensa, José Bono, diera marcha atrás. Ni mucho menos se dejó acabada la tarea en Haití, pero el Gobierno socialista necesitaba cubrir las demandas en Afganistán y por entonces no se podía pasar del límite autoimpuesto de 3.000 efectivos en misiones en el exterior. Sus razones y conveniencias políticas pudieron más.
Ahora hemos regresado con el buque de asalto anfibio Castilla, un subgrupo táctico de Infantería de Marina, una unidad de buceadores y una unidad sanitaria. En principio tienen asignada una misión de tres meses para dar asistencia médica, ayudar en las tareas de desescombro, facilitar el transporte aéreo y terrestre, y dar protección y seguridad. Le ha precedido una unidad de búsqueda de la UME, con un 37 efectivos, que ya está de vuelta. Nadie de la UME va en el buque Castilla.
Haití ha sido la primera salida al exterior de la UME, el supercuerpo de bomberos con carácter militar del que aún no quedaba claro si podía actuar fuera del territorio nacional, dado su complicado encaje competencial y orgánico. Una estructura que no acaba de ser un cuerpo militar, ya que también ha quedado fuera de la modificación de la estructura orgánica y el despliegue de las Fuerzas Armadas de diciembre de 2008. Si entonces las fuerzas de la UME no están integradas en las rotaciones de las fuerzas militares que son destinadas al exterior, la UME ha ido a Haití a desarrollar una labor de protección civil y no una misión militar. Una contribución que además ha sido limitada porque se ha desplegado sin medio alguno de soporte en la isla, limitando su movilidad, y sin armamento de autoprotección, comprometiendo su eficacia.
La nueva misión humanitaria en Haití también nos lleva a reflexionar sobre el control parlamentario para la presencia de tropas nacionales en misiones internacionales. El despliegue en Haití fue aprobado y autorizado por el Consejo de Ministros de acuerdo a lo previsto en la Ley de Defensa Nacional –aprobada parlamentariamente sin el consenso con el PP en 2005– para casos de máxima urgencia. No ha habido, por tanto, una consulta previa ni ha requerido la autorización parlamentaria, necesarias para las operaciones en el exterior de nuestras Fuerzas Armadas. Todo de acuerdo.
Cabe recordar, sin embargo, que dicha ley parece que está hecha para saltársela de vez en cuando o manejarla al antojo de la voluntad presidencial. Cuando a principios de 2008 el Gobierno envió a Afganistán un contingente nuevo de 36 soldados, no lo sometió a la preceptiva aprobación parlamentaria bajo el artificio de una supuesta urgencia no inexplicada. Ahora está previsto el envío de más de 500 efectivos también a Afganistán que sí requieren la aprobación del Congreso. Otras veces, como en la misión del Líbano, Rodríguez Zapatero hizo público el despliegue sin antes contar con el visto bueno parlamentario, atentando contra las formas de la ley. Y la decisión de retirar el contingente español de Kosovo no se quiso compartir con el resto de partidos ni con el Parlamento. Además, en ningún caso ha sido el presidente del Gobierno en persona, quien ha solicitado al Congreso la debida autorización para el envío al extranjero de nuestras tropas. Y mientras otros gobiernos tratan de flexibilizar el control parlamentario, porque el contexto estratégico actual exige una capacidad de actuación militar cada vez más inmediata, lo que exige disponer de un mecanismo de toma de decisiones que permita generar la voluntad política de forma casi instantánea, parece que el Gobierno socialista va en dirección contraria. Ahí quedan estas reflexiones.