Censura en catalán

Libertades individuales y nacionalismo no suelen ir de la mano. Lo primero implica respetar todos aquellos comportamientos que no suponen un ejercicio de la violencia contra otras personas y lo segundo parte de la base de que hay que cohesionar a las masas de individuos en torno a un conjunto de supersticiones y mitos colectivos, incluso a través de la violencia.

Cataluña es un caso paradigmático de esta profunda enemistad entre ambos conceptos. La casta política nacionalista ha tomado el control de las instituciones azuzando el enfrentamiento entre los catalanes y el resto de españoles y colocando como la esencia de la catalanidad su lengua y tradiciones "propias".

La falsa necesidad de defender una manipulada identidad colectiva de la ofensiva que, dentro de ese imaginario, libraba el imperialismo español, ha venido a legitimar cualquier abuso y ataque contra las libertades individuales: desde la inmersión lingüística en contra de la voluntad de los padres hasta las sanciones a aquellos empresarios que hayan cometido la osadía de rotular en castellano.

La última ocurrencia de la clase política catalanista ha sido la de obligar a las salas de cine a que emitan la mitad de sus películas en castellano y la otra mitad en catalán, aun en contra de los deseos y preferencias de sus consumidores. Parece claro que si, a día de hoy, sólo un pequeñísimo porcentaje de todas las películas se ofrecen en catalán es porque los propios catalanes, los depositarios de la cultura que el nacionalismo dice querer preservar a toda costa, prefieren escuchar las películas dobladas al castellano.

No se trata de que, al no existir una oferta real de cine en catalán, los ciudadanos no tengan libertad efectiva de elegir. Si hubiese una demanda insatisfecha tan evidente como para que incluso los políticos la detectaran, antes lo habría hecho algún avispado empresario que, ofertando cine en catalán, habría visto repuntar su cuenta de beneficios.

Simplemente, a esa demanda ni está ni se la espera y por eso el Gobierno nacionalista y socialista de Cataluña se ha decidido a obligar a las salas de cine a instaurar la paridad lingüística que ese mismo Gobierno, por cierto, incumple en tantos ámbitos como el educativo. Ante el previsible declive en sus beneficios, los empresarios del sector no han tenido reparos en llevar a cabo una huelga contra la ley este mismo lunes.

Ayer domingo, sin embargo, esa base social que ha interiorizado todo el discurso nacionalista y que se ha convertido en su principal valedor, trató de amedrentar a las salas con pintadas y pegatinas en las que se las acusó de querer marginar el catalán. Parece que, como decíamos al inicio, las huestes catalanistas no toleran demasiado bien la libertad individual e intentan aplastarla por todos los medios políticos y sociales que tienen a su alcance. Pero tampoco parecen llevarse muy bien con la lógica, pues en todo caso, a quienes habría que acusar de marginar el catalán no es a los empresarios que ofertan cine en castellano, sino a la inmensa mayoría de la sociedad catalana que pese a décadas de adoctrinamiento sigue demandando cine masivamente en castellano y no en catalán.

Parece que la nomenclatura catalanista y sus apparatchiks no van a descansar hasta erradicar por completo cualquier manifestación de la libertad individual en materia lingüística y cultural. Y por ahora, sólo una valiente minoría se ha mostrado dispuesta a rebelarse contra tamaña represión. ¿En algún momento el Estado de las Autonomías dejará de ser un salvoconducto para que cada taifa regional cercene a las libertades de sus súbditos y pasará a convertirse en un Estado destinado a proteger los derechos de sus ciudadanos?