Parece inminente que el PP y el PSOE firmen un "Pacto de Estado de Educación", y las felicitaciones al respecto son prácticamente unánimes. Sin embargo, unas recientes declaraciones de Esperanza Aguirre, que nadie ha relacionado con este asunto, desmontan por completo el mito que sustenta la supuesta necesidad de un pacto: es "falso de toda falsedad" que cada Gobierno haya aplicado su propia ley de educación; nuestro sistema educativo se rige desde hace 30 años por las mismas leyes socialistas.
Efectivamente, el motivo por el que hay tanta unanimidad en pedir un Pacto de Estado es que, según dice casi todo el mundo, el sistema necesita estabilidad; hace falta que PP y PSOE se pongan de acuerdo de una vez porque no es bueno que cada cuatro años cambie la ley. Parece, pues, que tanta "inestabilidad" y tanto "cambio" son la razón por la que uno de cada cuatro alumnos deja el sistema educativo al cumplir los 16 años sin haber llegado al título más elemental (por no hablar del nivel académico de los que sí llegan, o de la indisciplina en las aulas, o de las agresiones a los profesores). Este planteamiento tan unánime sólo tiene un problema, tan sólo se le puede oponer una objeción: que no es verdad.
Lo que ha ocurrido en España es que a finales de los años 80 el PSOE impuso un sistema educativo basado en el igualitarismo y en la "nueva pedagogía", por el cual se unificaban todos los niveles educativos en una especie de enseñanza primaria igual para todos los alumnos y obligatoria hasta cumplir los 16 años. No sólo no habría reválidas o exámenes sino que incluso suspendiendo se acababa pasando de curso "por imperativo legal", es decir, por cumplir años. Y, al no haber distintas vías o alternativas de estudios hasta los 16 años, además de no poder exigir unos conocimientos mínimos, tampoco se podía exigir disciplina alguna, pues la escolarización era igual y obligatoria por ley. Todo ello encajaba muy bien con dos influyentes ideologías, la "nueva pedagogía" y el nacionalismo, partidarios, por distintos motivos, de que el Estado dejase de examinar alumnos o de tan siquiera introducir contenidos en los programas de las asignaturas, como efectivamente ocurre desde entonces.
Pues bien, este modelo ha estado vigente ininterrumpidamente hasta nuestros días y ninguna ley lo ha reformado o mitigado tan siquiera levemente. La indisciplina, la pérdida de autoridad del profesor, el desprestigio de los institutos públicos, la disolución del bachillerato y las faltas de ortografía en los exámenes universitarios son la consecuencia de que hasta los 16 años se pase de curso por cumplir años y no por aprobar exámenes. Y mientras todo esto ocurría, la derecha española, que se abstuvo en la votación de la LOGSE, se limitaba a hablar de la clase de religión hasta que, en 1996, José María Aznar nombró ministra de Educación a Esperanza Aguirre. El Gobierno de Aznar no tenía la mayoría parlamentaria que hacía falta para reformar la LOGSE, pero Aguirre inició un debate ideológico que dio lugar al inicio de la construcción de una verdadera alternativa del PP al sistema socialista. Se empezó por lo fundamental: intentar que los programas estatales de las asignaturas recuperasen unos contenidos comunes suficientemente concretos, ya que habían sido sustituidos por charlatanería pedagógica y ello dejaba en manos de las comunidades autónomas determinar la totalidad de los contenidos.
El segundo Gobierno de Aznar, ya con mayoría absoluta, aprobó en dos años tres leyes orgánicas que dejaban desarrollada la alternativa que tenía el PP al modelo socialista. La Ley de Calidad nunca llegó a aprobarse porque Zapatero no actuó con la misma lealtad que Aznar hacia las leyes ya aprobadas (de ahí que todo lo de la "inestabilidad" sea una falacia) pero sí sirvió para dejar por escrito y al detalle la alternativa del PP: ofrecer una alternativa de formación profesional antes de que los alumnos dejasen el sistema educativo y recuperar un bachillerato con entidad propia, con contenidos estatales precisos y con una prueba general al final, que no dependiera ni de dónde se ha estudiado ni de la oferta de plazas universitarias.
El PP acaba de presentar un documento con sus propuestas para un Pacto de Estado de Educación que, en lo fundamental, recupera la estructura que propuso el Gobierno de Aznar en el año 2002, si bien algo recortada porque la separación entre una vía de estudios académica y otra técnica se retrasa de los 14 a los 15 años. Pues bien, el PSOE ya ha rechazado públicamente que vaya a aceptar la "segregación" a los 15 años (al parecer, es más igualitario que uno de cada cuatro alumnos entre en el mercado laboral sin ningún título) y no parece probable que acepten otras propuestas como el examen de bachillerato o el derecho a estudiar en castellano. Pues bien, nadie en el PP ha sugerido que, en consecuencia, no vaya a haber pacto con el PSOE. Sabemos, pues, que el pacto se negociará y se firmará sin que vaya a contemplar reforma alguna del sistema educativo, más allá de dar más horas de inglés, etc.
La reacción del PSOE es lógica porque en ningún momento han pretendido reformar el sistema que implantaron con la LOGSE, lo que quieren es una foto que, además de vender que han arreglado algo y que se han puesto de acuerdo, atará al PP a un texto que no incluye reformar nada. Y aquí viene lo preocupante del dichoso pacto: ¿Qué pasará si el PP llega al Gobierno habiendo firmado un pacto que no incluye ninguna de sus propuestas? ¿Se atreverá a introducir reformas que ni siquiera se mencionan cuando les acusen de romper el pacto?¿O habrá servido para atar al PP al modelo socialista a cambio de una foto de Rajoy con Gabilondo? No cabe duda de que, si el PP gana, el PSOE apelará histéricamente al pacto cada vez que el PP proponga cualquier medida no contenida en el mismo, para evitar así, una vez más, que la derecha reforme la educación. Es más, desde el momento en el que el PP firme el pacto en blanco los socialistas les acusarán de romperlo cada vez que hablen de educación (si hablan), y todo ello a cambio de nada, porque como dicen los socialistas no van a aceptar ninguna de las medidas claves que propone el PP.
Por tanto, lo grave de que el PP esté dispuesto a firmar un pacto que no incluya nada parecido a la alternativa de los gobiernos de Aznar (que ha diluido, pero mantenido, el PP de Rajoy) es la dificultad que se habrá creado innecesariamente a sí mismo para reformar la educación si llega al poder. Y todo ello para hacerse ahora una foto con el partido que desde hace 30 años está destrozado y arruinado la educación en España. Si ese es el resultado de la llamada "estabilidad", ¿no estábamos mejor sin el pacto?