La imposición bilingüe

El nuevo decreto lingüístico de Núñez Feijóo impone la paridad del castellano y el gallego en las aulas. No contenta a los defensores de la inmersión lingüística en gallego, ni a los partidarios de la libertad de elección entre ambas lenguas. Algunas voces han salido, no obstante, en su defensa, de entre las que destacan dos furibundos críticos de la inmersión lingüística en Cataluña: Pepe García Domínguez y Juan Carlos Girauta.

Girauta felicita a Feijóo por intentar un nuevo enfoque y alterar los parámetros del debate, ofreciendo al PP la oportunidad de cambiar la estrategia en Cataluña. El nacionalismo catalán utiliza la inmersión lingüística en las aulas como instrumento de homogeneización. En teoría se puede poner fin a la discriminación por dos vías: la de la elección de lengua, o la imposición bilingüe. La segunda, en el contexto de Cataluña, tiene la ventaja de atender una inquietud de muchos catalanes: que un porcentaje de castellano-hablantes y, sobre todo, un creciente número de gente venida de fuera, elija la escuela sólo en castellano y aumente el número de monolingües. Siendo el catalán más difícil de aprender en la calle (porque tiene menos presencia en la mayoría de ámbitos sociales), el número de interacciones en castellano se multiplicaría hasta desplazar el catalán. Una educación bilingüe ahuyentaría el fantasma de la progresiva extinción del catalán.

Los críticos con el decreto de Feijóo apelan al derecho a elegir la lengua. Es una cuestión de libertad, de que los padres puedan elegir escolarizar a sus hijos en su lengua materna con independencia de cual sea ésta. Pero, como advierte Girauta, esa libertad no existe en el resto de España, donde la educación es obligatoriamente en castellano. ¿Por qué debería ser distinto en Cataluña? La lógica es la siguiente: lo que para España es el castellano, para Cataluña es el castellano y el catalán. En España nadie venido de fuera del territorio puede educar a sus hijos en otra lengua materna que no sea el castellano. No hay libertad para elegir el inglés, el chino o el árabe. El caso de Cataluña es más singular, porque tiene dos lenguas propias (ahí es donde el nacionalismo catalán disiente, afirmando que la única lengua realmente propia es el catalán, pese a que hablan castellano la mitad de los catalanes). Dada esta particularidad, y aplicando el principio que rige en el resto de España, es coherente que en Cataluña se imponga una educación bilingüe. Si en España el idioma propio es de obligado conocimiento, ¿por qué en Cataluña no tendrían que ser de obligado conocimiento los dos idiomas propios?

Muchos de quienes critican que en Cataluña se imponga el catalán a los que vienen de otras partes de España no tienen ningún problema en imponer el castellano a los que vienen de fuera de España. Protestarán diciendo que los españoles que se desplazan a Cataluña no son inmigrantes, pues Cataluña es parte del mismo Estado. Pero esta réplica evade la pregunta de por qué los inmigrantes llegados a España tienen que adaptarse. ¿Es porque se trata de "otro Estado"? ¿O es porque la nación o comunidad cultural a la que inmigran tiene una lengua distinta y deben integrarse? Si es la primera, están dando un motivo importante a los independentistas para reclamar un Estado propio. Si es la segunda, nótese que no viene condicionada por las fronteras políticas.

Parapetar el derecho a elegir detrás de la oficialidad de las lenguas hace patente, como bien explica Carlos López, la imposición de que son objeto. La libertad de elegir entre opciones está coartada desde el momento en que la oficialidad limita las opciones.

El posicionamiento de Girauta es, por tanto, coherente con la fórmula practicada en el resto de España. Pero no es liberal. Imponer una educación bilingüe atenta contra los derechos individuales de las personas, que son los que cuentan aunque la Constitución no lo diga. Las consecuencias agregadas de la elección de lengua (como el futuro del catalán o el uso de la lengua con fines nacionalistas) son secundarias. ¿Contra quién atenta el padre que quiere escolarizar a sus hijos solo en castellano (o en inglés o en chino) porque ya habla catalán con la familia y consideran que tiene que reforzar mucho más el otro idioma? ¿A quién agrede el padre que quiere que su hijo se eduque sólo en catalán porque cree que el castellano ya se aprende fuera de las aulas? La libertad de uno acaba donde empieza la de los demás, y la elección de lengua de los padres no interfiere en la de nadie.

La cultura es también un mercado, y es mejor que opere sin imposiciones ni distorsiones artificiales. La coacción como medio para integrar o educar a la gente repulsa a los que pensamos que el uso de la fuerza sólo es legítima en defensa propia. La presión asimiladora del mercado laboral y la industria mediática, el activismo cultural, las fundaciones y organizaciones privadas y, sobre todo, la actitud comprometida de los propios hablantes, son métodos de inmersión y promoción lingüística proporcionales a la causa.

El argumento de Girauta, con todo, se dispara en el pie, al conceder la premisa nacionalista de que los padres no tienen derecho a elegir y la imposición es necesaria para garantizar el conocimiento de las dos lenguas. En este marco, el nacionalismo catalán sólo tiene que introducir una variación razonable para defender la inmersión lingüística: si de garantizar el conocimiento de las dos lenguas se trata, el catalán necesita más atención que el castellano, que se aprende en la calle, en el patio, en el trabajo o en los medios. El conocimiento equilibrado de las dos lenguas, dado el desequilibrio social del que parten, exige practicar la discriminación positiva a favor del catalán. Y volvemos a estar donde antes.