Hay que prohibir el diálogo con ETA

El Tribunal Supremo acaba de dictaminar que el diálogo mantenido por López e Ibarretxe con la ilegalizada Batasuna no es constitutivo de delito. A mí no me sorprende en absoluto. Parafraseando sólo hasta cierto punto a Felipe González, ¿cómo va a ser delito mantener contactos o diálogo con Batasuna, cuyos integrantes no están individualmente perseguidos por la Justicia, cuando, desgraciadamente –añado yo–, no lo es hacerlo con los etarras que sí que lo están? Es más, ¿cómo va a ser delito dialogar con los integrantes de la ilegalizada Batasuna, si esto se sigue haciendo a diario con los representantes de la no menos ilegalizada y proetarra ANV, cuyos integrantes siguen ostentando cargos políticos y recibiendo dinero público en numerosos ayuntamientos vascos?

El problema fundamental radica en la condescendencia social, pero sobre todo política y judicial, hacia ese paradigma del "final dialogado de la violencia" que consensuaron en el funesto Pacto de Ajuria Enea todas las formaciones democráticas, y que, desgraciadamente, todavía no hemos repudiado de raíz. Todavía hay muchos que, como también Aznar en su día, creen que reunirse con prófugos de la justicia y ofrecerles "generosidad" penal –por no decir impunidad– deja de ser un precio político cuando no va acompañado de otras concesiones. Vamos, como si, garantizada la unidad e integridad territorial, ya no fuera un precio político la principal función del Estado como es la de impartir justicia y resarcir a la víctima; como si ofrecer o denegar medidas de gracia o de reinserción, que siempre deben ser individualizadas y a través de la aplicación de la pena, fuera acorde con el derecho en función de lo que hagan o dejen de hacer los etarras que no están presos.

Que conste que para mí Aznar ha sido el mejor presidente de Gobierno, en general, y en política antiterrorista muy en particular. Una de las muchísimas pruebas de ello es la muy diferente bienvenida que le dio ETA a él y a Zapatero cuando respectivamente llegaron al Gobierno: mientras a Aznar lo intentaron de nuevo asesinar con un lanzamisiles, a Zapatero le ofrecieron diálogo en un comunicado en el que los terroristas se vanagloriaron de los buenos resultados de su común socio ERC. Sin embargo, debemos reconocer los errores pasados sobre los que Zapatero –como Carod-Rovira en Perpiñán, o los nacionalistas en Estella– edificaron y hasta justificaron sus infamias.

No renuncio a distinguir los infames encuentros con ETA, que tenían como objetivo dar cobertura a las aspiraciones o alianzas con los separatistas, de los que mantuvieron los gobiernos de Aznar, González o los de la UCD. Mas, por bienintencionados que fueran estos últimos, no nos deberían hacer olvidar que el fin no justifica los medios y, sobre todo, nos deberían llevar a tener presente la estupidez que supone pensar que debilitar la certeza del cumplimiento de la pena pueda ser un medio capaz de lograr el fin del cese del terrorismo.

Si de verdad ahora ya no hay voluntad de ofrecer concesiones ni políticas ni penales a los etarras, ¿para qué mantener abierta una posibilidad de diálogo? ¿Cómo es posible que en España no sea delito dialogar con etarras prófugos de la Justicia cuando la omisión del deber de perseguir delitos y delincuentes sí esta tipificado como delito en nuestro Código Penal? ¿Es que alguien puede pensar acaso que los contactos que autorizaron Aznar, González, Zapatero o el que venga no conllevan inexorablemente el compromiso de no detener a los terroristas con los que se quiere dialogar?

Pues lo dicho. Aprendamos de los errores pasados, no ya sólo para no repetirlos, sino también para evitar que sobre ellos se edifiquen y se justifiquen infamias como la de Zapatero. De la misma forma que Zapatero, con una resolución en el parlamento, abonó el terreno del diálogo con ETA, que ya venía cultivando desde mucho antes de la tregua, bueno sería que un sucesor suyo impulsara una resolución que, acorde al supuestamente vigente deber de perseguir a los delincuentes, prohibiera por ley que cualquier autoridad o funcionario o representante público ordene o mantenga contactos con terroristas con causas pendientes con la Justicia que no tengan por objetivo sentarlos en el banquillo. Esa es la mejor forma de lograr que los etarras pierdan toda esperanza.

Y el que quiera hablar con ellos, que lo haga en la cárcel.