Un control sin control

El miércoles 18 de noviembre, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el diputado de la oposición, del Partido Popular, Carlos Floriano, tuvieron un duro enfrentamiento en el Parlamento que continuó en los pasillos de la Cámara. Allí, la voz del ministro, habitualmente pausada y medida, traspasaba las paredes del salón de los pasos perdidos. El presidente del Congreso, el también socialista José Bono, agarraba por el brazo a su conmilitón y le invitaba a cejar en su actitud. A Rubalcaba le dio tiempo a decirle a Carlos Floriano "Veo todo lo que haces y escucho todo lo que dices".

La frase es significativa, porque el motivo de la disputa era precisamente Sitel, el servicio de control de telecomunicaciones que inició el anterior Gobierno pero que ha puesto en marcha el actual. Las escuchas telefónicas están a la orden del día desde hace décadas, y todas tienen control judicial. Bien, dejémoslo en que es preceptivo.

Con Sitel la cosa cambia. Por un lado, el agente, antes de hacer uso de Sitel, recibe toda la información de que dispone la Policía referida a su dirección de correo electrónico, situación geográfica de la terminal o proveedor de internet sin la aprobación del juez. Pero todavía no han comenzado las escuchas. Una vez reciben la autorización judicial, un puesto de control, a cargo de un agente, comienza a recabar todo tipo de información y a grabar las conversaciones.

Pero el control judicial es voluntarioso e inseguro. Sus órdenes son procesadas por agentes de los cuerpos de seguridad y por personas asignadas de las compañías telefónicas, pero no hay un mecanismo que impida dar esas órdenes sin haberlas recibido previamente por parte de un juez. Es decir, que cuando Rubalcaba le dice a un diputado que ve todo lo que hace y escucha todo lo que dice, es técnicamente posible hacerlo así sin control judicial o de otro tipo.

Todo este ansia del Estado por tenernos controlados es, ya lo habrán adivinado, por nuestro bien. Para protegernos de criminales y terroristas. Claro que nada asegura que la persecución del crimen sea siempre un objetivo por parte del Estado. Un caso claro es el del llamado "caso Faisán", en referencia al bar que recibió una llamada desde Interior y que avisó de que se había montado una operación policial para detener a un gran número de miembros de ETA. Esa operación habría desbaratado la negociación del Gobierno con la banda terrorista, y fue oportunamente desactivada. Ahí estaban las imágenes para probar quién entró y salió del bar, pero la grabación se corta, milagrosamente, en los momentos clave.

Es decir, que Sitel puede ser un instrumento técnicamente virtuoso, pero estará siempre al servicio del Estado y de sus objetivos. E igual que esos objetivos se pueden desviar nada menos que de la lucha contra el terrorismo, también pueden alcanzar al espionaje de políticos y periodistas. E incluso al Jefe del Estado, como hemos llegado a ver en España. Por eso resultan superfluas las críticas de que la mafia rusa y ETA hacen suyas las críticas a Sitel del Partido Popular.