El delito de opinar

Javier Pérez Minaya, magistrado del juzgado de Instrucción Número 4 de Huelva.

“Donde la justicia es poca es peligroso tener razón”. Francisco de Quevedo escribió esta frase hace casi cinco siglos, pero sorprende comprobar su rabiosa actualidad tras más de treinta años de democracia constitucional.

Un tocayo de Quevedo, apellidado Serrano, magistrado de familia de Sevilla, y persona de trayectoria intachable en la lucha contra el maltrato, expresó en el suplemento “Crónica” de El Mundo una opinión contraria al dogma dominante, y ello le valió una durísima réplica por parte de la Presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, con descalificación personal incluida y amenaza vedada de expediente disciplinario que tal vez se habrá materializado cuando se publiquen estas líneas.

Lo malo de estar en un Observatorio es la distancia que se tiene de la realidad. Sólo así se entiende que, instalada en la cómoda lejanía de su atalaya, la Sra. Presidenta arremeta contra quien, día a día, aplica la Ley a los muy diversos supuestos de hecho que la realidad depara. No me sorprendería, en estos tiempos en los que no hay dinero para la Justicia pero sí para los banqueros, que el Observatorio se haya quedado sin telescopios que le permitan ver la realidad tal y como es. Me preocupa más, sin embargo, que desde el Consejo General del Poder Judicial se estén utilizando, deliberadamente, lentes distorsionadoras de una realidad que no interesa ver en su conjunto, sino de modo parcial, exclusivamente desde el prisma del dogma de lo políticamente correcto.

Con todo, lo más preocupante de la actual situación es la constante adopción de represalias contra jueces y magistrados por parte del órgano legal y constitucionalmente llamado a proteger su independencia. Como juristas, pero ante todo como ciudadanos, los jueces tenemos derecho a expresar libremente nuestras opiniones (artículo 20 de la Constitución) y por ello sorprende que, en el siglo XXI, algunos consideren ilícita y perseguible cualquier opinión que no coincida con la suya.

La pobreza intelectual y la falta de argumentos sólidos llevan a la persecución pública del juez discrepante, al que se tacha de insensible y desconocedor de un problema con el que trata a diario y del que está plenamente concienciado.

Quede claro que no tengo el gusto de conocer personalmente al compañero D. Francisco de Asís Serrano Castro. Sin embargo, defiendo su derecho, como el de cualquier ciudadano, a la libre expresión de sus opiniones , y a no ser perseguido por ello, pues España es una democracia constitucional en la que, por ventura, opinar no es un delito. Si, desde su Observatorio, la Presidenta no es capaz de percatarse de semejante obviedad, demuestra poca capacidad de observación y tal vez fuera ella la que debería ser observada".