El caso Haidar o Dios los cría y ellos se juntan

Pocas veces nos encontramos ante un caso de incompetencia tan manifiesto como el de la gestión por los gobiernos de Marruecos y España del caso Haidar, de la expulsión y posterior entrada en España de la activista saharaui que protagoniza una huelga de hambre.

El Partido Socialista llegó hace años a la conclusión de que no tenía la fuerza para mantener un pulso diplomático con el vecino del sur con temas tan delicados sobre la mesa como Sahara, Ceuta y Melilla, narcotráfico, emigración ilegal, terrorismo y relaciones con Francia. Felipe González, como los dirigentes del tardo-franquismo que protagonizaron los humillantes Acuerdos de Madrid, optó por ceder al chantaje y facilitar la anexión definitiva del Sahara por parte de la monarquía alauita.

Rodríguez Zapatero continuó la estrategia fijada por González, lo que provocó el enfriamiento de las relaciones con Argelia y la consiguiente alza arbitraria del precio del gas. Aquél sacrificio valdría la pena, a juicio de los dirigentes socialistas, si se conseguía frenar el narcotráfico y la inmigración ilegal, al tiempo que se mejoraba la colaboración en materia terrorista y se encauzaba un diálogo sobre el futuro de Ceuta y Melilla que permitiera a Mohamed VI intervenir en el gobierno de ambas ciudades sin tener necesidad de plantear abiertamente la cuestión de la soberanía. El flanco débil de esta estrategia se encontraba en el electorado de izquierdas, en especial en los sectores más radicales que habían sido claves en los dos triunfos electorales de Rodríguez Zapatero y que veían con tanta simpatía la causa saharaui como con desprecio la monarquía patrimonial marroquí.

Marruecos ha cometido dos errores graves al maltratar públicamente a la señora Haidar, privándola ilegal y estúpidamente de su pasaporte y de su derecho a vivir en su casa con su familia, y al hacer su ministro de Asuntos Exteriores unas declaraciones amenazantes a España del todo inaceptables. El Gobierno de Rabat ha hecho gala de su disposición a violar los derechos humanos, en particular contra un pueblo al que ha privado de su reconocido derecho a la autodeterminación y de desprecio a España, hasta el punto de tratarnos de forma vejatoria y humillante.

El Gobierno español ha manifestado en todo momento nerviosismo y falta de dirección. Permitió indebidamente la entrada en España de la señora Haidar y la presionó para que aceptara un estatuto que no quería, para así salvar la cara a Marruecos al precio de poner la propia en solfa. Hoy sabemos que Moratinos estuvo en todo momento informado de la intención del Gobierno de Rabat, lo que refuerza la hipótesis de que la Administración de fronteras actuó por iniciativa política y no policial. La forma grosera en que Moratinos se comportó con la señora Haidar, presionándola para que aceptara lo que no tenía por qué aceptar, junto con las gestiones patéticas para que la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas o la diplomacia norteamericana se hicieran cargo de la resolución de la crisis, liberándole de responsabilidades, han creado en la opinión la sensación de desgobierno y ausencia de criterio por parte de nuestras autoridades.

El ejercicio marroquí de autoritarismo y suficiencia junto con la exhibición española de falta de criterio han servido para poner de manifiesto ante la ciudadanía hasta qué punto la estrategia apaciguadora del socialismo español sólo ha servido para que nuestro vecino del sur se sienta capacitado para tratarnos con el desprecio del que nos hemos hecho merecedores. Dios los cría y ellos se juntan. Al alimón han tirado por tierra cinco años de revisión diplomática. Entre la diplomacia marroquí y la española han convencido al hombre de la calle de que el giro iniciado por González y continuado por Rodríguez Zapatero era un error, un atentado contra los derechos humanos y una política contraria a nuestros intereses nacionales. La izquierda más radical se ha movilizando, lo que ha llevado al presidente del Gobierno a dar marcha atrás y aceptar fijar una posición común en el Parlamento en el que se vuelve a reivindicar la que fue posición oficial de España durante mucho tiempo: el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

La señora Haidar ha logrado con su sacrificio, y gracias a la colaboración involuntaria de las diplomacias española y marroquí, recordar la justicia de la causa saharaui y forzar al Gobierno español a dar un paso atrás en su disposición a mercar el destino de un pueblo a cambio de vagas promesas.