Argumentaba El Mundo, en el editorial de ayer, que su noticia exclusiva sobre una posible prevaricación del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, al archivar una querella contra Botín, presidente del Banco de Santander, excedía el ámbito de las tropelías, los abusos y los torcimientos de la ley en que, según el mismo periódico, vendría desarrollando su actividad este juez. Ya no sólo se trataría de una conducta anómica, por decirlo suavemente, de este singular juez, sino de un problema canceroso que afectaría a eso que todavía recibe el nombre de "Estado de Derecho", pero que todo el mundo reconoce, en términos reales, como un "régimen de derechos" sin otra apoyatura que los consensos y cambalaches entre la casta política y la judicial.
La falta cometida por el citado juez sería tan grave, según el diario dirigido por Pedro J., que tendría que ser apartado inmediatamente de la carrera judicial. Otros medios de comunicación, en la misma línea que El Mundo, han pedido medidas similares, e incluso algunos han llegado a decir que por menos, por muchísimo menos, de lo que ha descubierto este periódico, en otros países han dimitido ministros de Justicia o ha habido crisis de gobiernos. Ciertos son todos esos pronunciamientos, pero tiendo a pensar que aquí no pasará nada, precisamente porque no existe el Estado de Derecho y, menos todavía, una opinión pública política desarrollada desde el punto de vista moral y democrático.
Por el contrario, predomina una "opinión pública" encanallada que ha hecho de la injusticia, la prevaricación y la anormalidad una situación normal. Ninguna institución del Estado, desde la jefatura del Estado hasta la presidencia de una Corporación Municipal, pasando por el Consejo General del Poder Judicial, responde a canon alguno de normalidad democrática. Aquí, en la Expaña de Rodríguez Zapatero hace tiempo que se sobrepasaron todos los límites de las simples conductas desviadas de la normalidad democrática. Estamos instalados en el encanallamiento. Por eso, precisamente, la supuesta nueva tropelía descubierta por El Mundo no pasará a mayores. Eso sí, quién lo pondría en duda, sería una prueba espectacular para hablar de un Estado de Injusticia en España.
Las cosas, sin embargo, irán a peor. Imagínense que alguien se querella criminalmente contra Garzón por este caso, ¿creen de verdad que prosperaría tal iniciativa ante el Supremo? Respeto a los que respondan de modo afirmativo; pero disiento de su posición. Yo soy escéptico, entre otras razones porque una de las tres querellas por prevaricación, que habían sido formuladas contra Garzón en el Tribunal Supremo, ya ha sido desestimada. Me refiero a la querella que había sido formulada por el magnífico jurista Santiago Mucho Machado por el caso de Tele 5. Si ésta no ha prosperado, a pesar del grandísimo trabajo de investigación y denuncia que la precedió –léanse las entregas que este abogado nos ofreció con el título deRiofríoen la revistaEl Cronista del Estado Social y de Derecho– dudo mucho de que tengan éxito las siguientes. El Tribunal Supremo no pasa la prueba del algodón de la normalidad política. Menos de la judicial. Quizá se salven algunos jueces, pero, por desgracia, la justicia en la época de Rodríguez Zapatero está en almoneda.