Con el aliento de Zapatero y la complicidad del PSOE, España, una de las más viejas naciones de Europa, se desintegra. Es difícil encontrar en la historia mundial un ejemplo equiparable de lesa patria y de traición y escarnio de la Constitución vigente, que el presidente del Gobierno juró, digo prometió, defender.
La punta de lanza de este proceso disgregador la llevan naturalmente los nacionalistas catalanes con el firme apoyo, algunas veces explícito, otras disimulado, de la organización catalana del PSOE, dominada actualmente por charnegos arribistas, traidores a España y a sus orígenes (No sé si existe algún estudio que haya abordado la cuestión de la frecuente incidencia y el protagonismo que en los nacionalismos disgregadores de base historicista desempeñan gentes de origen alógeno).
En rigor, Zapatero es un caso de patología política, pero con frecuencia los casos patológicos no son más que una exacerbación extrema de rasgos presentes en la vida "sana". Así, las elites políticas e intelectuales españolas asumieron un insensato complejo de inferioridad ante los catalanes (He conocido de cerca este proceso en el ámbito universitario). En una imbécil reacción antifranquista, se identificó el sentimiento español con la dictadura, ignorando, hasta extremos escandalosos, el profundo españolismo de los intelectuales leales a la II República, tanto españoles como latinoamericanos.
En el plano político, este síndrome se manifiesta en la redacción y, sobre todo, en el desarrollo del Título VIII de la Constitución, acrecentado por la comodidad de aplazar sine die la respuesta de los problemas. Pero los problemas irresueltos no hacen sino crecer. Ahora, bajo la dirección de la Esquerra, los nacionalistas catalanes y sus cómplices (casi toda la clase política catalana) han acometido la convocatoria de sendos referéndum planteados en el ámbito municipal por la independencia de Cataluña. La reacción de negar, como la protagonizada por Zapatero y algunos miembros de su Gobierno, toda importancia a estas consultas es típicamente insensata. En el mejor de los casos supone un nuevo chantaje al Tribunal Constitucional (que, parece, necesitará un siglo para emitir sentencia: "a buenas horas, mangas verdes"). En el peor...
Pero los organizadores no se paran en barras. Han invitado a 19 "observadores internacionales" y a diez representantes políticos gallegos y vascos para que valoren la fiabilidad del control de la identidad de los votantes y las garantías del escrutinio. Y ¿cómo los han elegido? Según la prensa, los "observadores internacionales" son miembros de diversos partidos nacionalistas europeos y canadienses, por tanto serán abiertamente simpatizantes con los convocantes de las consultas. Y aunque no se dice nada sobre quiénes serán los diez representantes políticos gallegos y vascos, es de suponer que concurran las mismas circunstancias. O sea, se tratará de observadores que no observarán nada. No observadores, sino propagandistas. Menudo cinismo.