Indignidades

"No voy a decir nada; mi posición es conocida: es el respeto a la ley y a las reglas del juego, y punto. Y a partir de ahí, cada uno puede opinar lo que quiera, hasta ahí podíamos llegar". Naturalmente, Sr. Rajoy, que "cada uno puede opinar lo que quiera, hasta ahí podíamos llegar". Lo que queríamos saber los españoles –entre ellos los diez millones que le han votado– es lo que opina usted del "editorial" conjunto en el que doce periódicos catalanes presionan al Tribunal Constitucional al tiempo que cuestionan su legitimidad para juzgar la constitucionalidad de las leyes. Sabemos, Sr. Rajoy, lo que opinan de ese "editorial" el presidente del Gobierno, el de la Generalitat y los líderes de todos los partidos políticos, excepto del suyo.

De su silencio, Sr. Rajoy, también "cada uno puede opinar lo que quiera". Yo opino que ese silencio suyo no es digno ni de sus votantes ni de muchos otros españoles que consideran igualmente ese Estatuto soberanista un ataque frontal a la continuidad de España como nación y como Estado de Derecho. Su silencio, Sr. Rajoy, no es digno tampoco del recurso que su partido planteó ante el Tribunal Constitucional, como tampoco lo es de ese "respeto a la ley y a las reglas del juego" que usted dice profesar y que ese manifiesto disfrazado de editorial, suave en las formas, subversivo en el fondo, se jacta de ignorar.

Aunque mi opinión sobre ese manifiesto conjunto sea infinitivamente menos interesante que lo que hubiera sido la suya, se la daré, aunque sólo sea por eso de predicar con el ejemplo. Empezaría parafraseando a la líder de UPyD, –o al de Ciutadans– diciendo que esos periódicos "no defienden la dignidad de Cataluña, son sus anuncios". Ciertamente, no hay que extrañarse de que esos periódicos, que se comportan como bien retribuida correa de transmisión del poder político, ignoren con una única voz cuál es el correcto funcionamiento de un Tribunal Constitucional, como en general, el del poder judicial, cuando no se somete al poder político. Sólo desde la más absoluta ignorancia –o pretendida ignorancia– de derecho constitucional puede verse como algo "anómalo" que el Tribunal Constitucional pueda "confrontarse" a los parlamentos, sean estos nacionales o autonómicos, cuando estos promulgan leyes de dudosa constitucionalidad. A la Constitución se le llama, no por nada, Ley de leyes. Y si bastara con que una ley de rango inferior fuera aprobada para que esta ya fuese declarada constitucional, de nada servirían tanto el Tribunal Constitucional como la propia Constitución. Como muy bien ha dicho Esperanza Aguirre, esto de cuestionar la legitimidad del Tribunal Constitucional para juzgar las leyes "es una idea novedosa pero antijurídica".

Critica tambien el "editorial" de marras a "quienes siguen percibiendo la identidad catalana como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad". En realidad, quienes ignoran el respeto a la libertad y diversidad de los españoles –y de los catalanes– que defiende la España constitucional son quienes en pro de –esa, sí– "soñada e imposible" fabricación o construcción nacional catalana, impulsan un Estatuto que, precisamente, quiere imponer la uniformidad a los catalanes erradicando de su identidad lo que comparten con el resto de los españoles.

Los autores del manifiesto se jactan de que "los catalanes hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión". Se quedan, sin embargo, cortos en su jactancia. Los catalanes, no sólo hablan el catalán. Todos ellos hablan, y más de la mitad tienen como lengua propia, el castellano. Lo que ocurre es que esa realidad casa mal con ese liberticida molde identitario y uniforme que ellos sí quieren imponer en Cataluña.

Visto su indigno desprecio hacia la Constitución, no nos debe sorprender que estos voceros del nacionalismo reclamen al Tribunal que "decida", no atendiendo a la Constitución, como es su obligación, sino "atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos, que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo".

Este manifiesto, absolutamente indigno no sólo para la independencia del poder judicial sino también para la independencia respecto del poder político que debería tener la prensa, tiene además la deshonestidad intelectual de pretender que el termino "nación" con el que ese Estatuto proclama a Cataluña es equiparable al termino "nacionalidad" que recoge nuestra Constitución.

Hablo de "deshonestidad" y no simplemente de error porque los impulsores del Estatuto son los primeros en saber que el termino "nación" y el de "nacionalidad" no son equiparables. Y prueba de ello es que se han negado con uñas y dientes a que el termino "nacionalidad" y no "nación" sea el que defina a Cataluña en el Estatuto.

Por desafortunado que fuese la inclusión del término "nacionalidad" en nuestra Carta Magna, sus redactorores la pusieron en su articulo 2 en pie de igualdad al término de "región", reservando el termino de nación a la "nación española, patria común e indivisible de todos los españoles".

En cualquier caso, lo más grave de todo el editorial es su escasamente velada amenaza ante la posibilidad de que la sentencia del Tribunal Constitucional les contraríe. Y es que lejos de mostrar acatamiento, aunque sea desde la discrepancia, los redactores del manifiesto advierten que con Cataluña "no estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad", concluyendo con que "si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable". Hipócrita apeleación a la responsabilidad, en cualquier caso pues la única respuesta "responsable" en esas circunstancias es limitarse a acatar la sentencia, o bien, y tal y como ya terminó por reconocer hasta Pascual Maragall, llevar a cabo una "reforma previa" de la Constitución. Mas en este último caso lo que se necesitaría "articular" no es lo que esta muestra de subversiva cursilería llama "solidaridad catalana" sino un proyecto para que todo el pueblo español decida modificar la Ley de leyes que rige y debe seguir rigiendo su convivencia. Lo demás es subversión vestida de seda, que ya sabemos en qué se queda.