El Gobierno esperaba poder lograr del Tribunal Constitucional una sentencia que, en lo sustancial, avalara la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña. Contaban con que la cosa se resolvería con un seis a seis que la presidenta, María Emilia Casas, podría resolver a favor del Estatuto deshaciendo el empate con su voto de calidad. Cuando se aceptó la recusación de Pablo Pérez Tremps, contaminado por haber ya opinado a solicitud de la Generalidad acerca de la conformidad del Estatuto con la Constitución, el voto de calidad de la presidenta devino inútil, ya que, al ser once los magistrados que podían votarla, no cabía que hubiera ningún empate que deshacer. Ganarían seis a cinco los que estaban en contra de la constitucionalidad del Estatuto.
Para evitar que ocurriera esto, María Emilia Casas metió los papeles en un cajón y se sentó a esperar. Para poder seguir esperando hubo que reformar la Ley del Tribunal y que Casas pudiera seguir siendo su presidenta pasados los tres años que fija la Constitución. Tuvo igualmente que resolverse que esta Ley no era inconstitucional, a pesar de serlo. Para poder hacerlo, hubo que crear una mayoría artificial recusando a dos magistrados conservadores con el pretexto de que ya se habían pronunciado sobre el asunto, ignorando que lo hicieron precisamente porque la propia presidenta les había pedido que lo hicieran.
Finalmente, ocurrió algo. Roberto García-Calvo, uno de los magistrados conservadores contrario a la constitucionalidad del Estatuto, murió. Se supuso que entonces la votación alcanzaría un nuevo empate, esta vez a cinco, y que María Emilia Casas podría deshacerlo con su voto de calidad. Elisa Pérez Vera, progresista, fue encargada de la redacción de la ponencia que salvaría al Estatuto. Pero saltó la sorpresa. La ponencia fue rechazada seis a cuatro porque un magistrado del bloque progresista, un héroe llamado Manuel Aragón Reyes, decidió votar en contra.
Tan asumido tienen políticos, magistrados y periodistas de izquierdas que lo que tienen que hacer los jueces es votar conforme a lo que les ordenan los partidos que los han colocado, que la crónica de El País de este domingo nos cuenta sin rubor que los demás magistrados "no dejan de atribuir a Manuel Aragón la responsabilidad de lo que ha pasado por ‘hacer la guerra por su cuenta’". "Hacer la guerra por su cuenta", es decir, votar lo que uno en conciencia cree ser conforme a Derecho, es precisamente lo que tiene que hacer todo juez. La responsabilidad del retraso padecido corresponde a María Emilia Casas, decidida a no sacar una sentencia hasta que la constitucionalidad del Estatuto no contara con votos suficientes en el pleno. Atribuirla al magistrado que vota obedeciendo a su conciencia y no al partido que lo avaló es la prueba palpable de la extrema degradación que ha alcanzado nuestra democracia.
Naturalmente, El País no es capaz de esperar siquiera un día para emprender una campaña de desprestigio del traidor. Su cronista nos cuenta que la "extraña" conducta del magistrado progresista se debe a que quiere ser presidente del alto tribunal el, me temo que todavía lejano, día que María Emilia Casas deje de serlo y que, como no cuenta con los votos de los de su cuerda, quiere ganarse el de los conservadores alineándose con ellos en lo del Estatuto de Cataluña. Si es cierto, repugna. Si no es más que una campaña de desprestigio, también. Lo peor es que una de las dos cosas tiene que ser verdad.