Los otros faisanes de Rubalcaba
Es ahora el momento de exigir al aún ministro responsabilidades por un caso grave de manipulación y mentiras a los españoles: se ocultó la actividad criminal de ETA para seguir negociando con ella.
El proceso de negociación de Zapatero con ETA, por su génesis –oculto, a escondidas–, por su contenido –político, que afectaba a vascos, navarros y resto de españoles– y por su desarrollo –a espaldas de los españoles–, tenía necesariamente que convertirse en una ciénaga para el Gobierno. Ahora empieza a serlo. Desde luego que el caso Faisán es de una gravedad extrema: se trata de funcionarios públicos colaborando con ETA. Pero en el tenebroso proceso hay además otros acontecimientos oscuros que afectan a Rubalcaba, de los que el Gobierno aún no ha dado explicaciones. El ministro de Interior está ahora sufriendo los duros golpes derivados del motivo por el que fue nombrado por ZP: blindar el proceso de pacto con ETA.
El primer asunto, relacionado directamente con el caso Faisán, es el caso de los informes de verificación que él dice que encargó y que se elaboraron. Pero que jamás hizo públicos. Sólo se filtraron del Ministerio del Interior a los medios habituales, y Rubalcaba habló de ellos como si existieran y fuesen claros al respecto. Eran la prueba que permitía al Gobierno dar el paso de sentarse públicamente con la banda. Pero, ¿qué pasó con esos informes? ¿Existían? ¿Se manipularon? ¿Por parte de quién? ¿Quién mintió a la opinión pública para hacerle tragar lo intragable?
La Guardia Civil y la Policía Nacional realizaron los informes habituales sobre el día a día contra la banda. Y éstos no dejaban lugar a dudas: las Fuerzas de Seguridad del Estado transmitían lo siguiente: advertían que ETA se rearmaba en Francia, mediante el robo de armas y la fabricación de explosivos; advertían que la banda estaba chantajeando a empresarios vascos y navarros; enumeraban los actos de kale borroka que llevaba a cabo el brazo callejero de ETA; investigaron el acto de Oyarzun en septiembre de 2006 en el que los etarras habían disparado al aire al grito de "jotake". Por otra parte, Europol advertía en las mismas fechas en que Rubalcaba comunicaba que el alto el fuego estaba verificado, que ETA se preparaba para golpear con fuerza. Por si fuese poco, el juez Moreno de la Audiencia Nacional alertó de que el "Comando Donosti" estaba haciendo seguimiento a objetivos en Guipúzcoa. Y Francia informaba que ETA se estaba rearmando.
Es decir, que todos los informes y noticias que obraban en poder del Gobierno indicaban que ETA no había detenido su actividad. De hecho, la información de que disponía Rubalcaba demostraba justo lo contrario. Por si fuera poco, los sindicatos policiales lo denunciaron después. ¿Quién ocultó lo que las FSE y demás organismos decían, para hacer creer a la opinión pública algo que era falso? La responsabilidad de Rubalcaba es evidente, porque esos informes estaban dirigidos precisamente a él y a su Secretario de Estado de Seguridad, y porque los utilizó para amparar ante la opinión pública los tratos con ETA, que iban ya entonces muy adelantados.
Es ahora el momento de exigir al aún ministro responsabilidades por un caso grave de manipulación y mentiras a los españoles: se ocultó la actividad criminal de ETA para seguir negociando con ella. Además, el caso de los informes de verificación va unido al caso Faisán: el chivatazo estuvo motivado entre otras cosas por la necesidad de que las detenciones no pusiesen de manifiesto ante la opinión pública que la maquinaria etarra funcionaba a pleno rendimiento. De haberse efectuado el desmantelamiento de la red de chantaje, hubiese quedado claro que ETA seguía actuando criminalmente, y la coartada de los famosos informes de Rubalcaba hubiese saltado en pedazos. El chivatazo cubrió la negociacion con ETA, pero también cubrió a un ministro que hubiese sido pillado mintiendo a la opinión pública esgrimiendo documentación falsa o inexistente. La operación hubiera mostrado que Rubalcaba engañó. Además Rubalcaba, apenas una semana después, afirmaba que ETA no actuaba después de que sus policías alertasen a la banda de la operación. verificaba por tercera vez que ETA no actuaba. La operación abortada por el chivatazo demostraba justo lo contrario.
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