Tres años después apenas sabemos nada del vergonzoso chivatazo a ETA que impidió culminar una importante operación contra el entramado financiero de esta banda terrorista. La investigación policial ha sufrido todo tipo de vicisitudes, sus conclusiones finales han sido rechazadas por el Fiscal y no parece que el juez instructor, quizá demasiado ocupado en otras causas como aquella contra el franquismo que le ha llevado a estar imputado por prevaricación ante el Tribunal Supremo, haya puesto en este caso la misma diligencia con la que ha obrado en otros, especialmente en aquellos que afectaban al principal partido de la oposición. La suma de esos tres factores, interferencias en la investigación policial, voluntad de la fiscalía de archivar el caso y parsimonia del juez instructor pueden conducir al carpetazo judicial a un asunto que constituye la mayor ignominia cometida en tres décadas de lucha contra ETA. Un punto final que el Partido Popular no está dispuesto a consentir bajo ningún concepto.
El caso del Bar Faisán constituye en realidad un enigma dentro de un misterio aún mayor: la negociación secreta del Gobierno con ETA en la pasada legislatura y sobre la que Zapatero ha decidido que no debe explicación alguna a la sociedad española. Sin embargo, al menos en aquellas acciones en las que se cometieron actividades delictivas, como este chivatazo a los terroristas y alguna otra que pueda aparecer en el futuro, saldar las cuentas con la justicia parece inevitable.
Pero además de la necesidad de depurar las oportunas responsabilidades penales, es preciso en este caso exigir, por decencia democrática, por la credibilidad de nuestro Estado de Derecho y por el respeto que debemos a las víctimas del terrorismo, las responsabilidades políticas que son, en mi opinión, de extrema gravedad.
El ministro del Interior, que es el mismo con el que se produjo el chivatazo, ha pasado en este asunto de un silencio cómplice, a una mentira culpable para luego huir del Parlamento una vez pillado in fraganti. Rubalcaba no ha querido comparecer en el Congreso para aclarar nada, cuando se ha visto obligado ha respondido con su mezcla habitual de omisiones, descalificaciones y falsedades y cuando ha sido descubierto en una mentira ha preferido ausentarse para no tener que dar explicaciones públicas sobre las misma. Puede estar seguro de que por muy lejos que se vaya tendrá que volver más pronto que tarde al Parlamento para aclarar este asunto.
Los españoles sólo pueden tener clara una cosa en el escándalo del Bar Faisán: La voluntad inquebrantable del Partido Popular por llegar al fondo de este caso, conocer la verdad y depurar las responsabilidades judiciales y políticas que haya. Nos hemos personado en la causa abierta en la Audiencia Nacional por este asunto para evitar que esta delación pueda quedar cubierta con el manto de la impunidad. Seguiremos exigiendo en el Parlamento, lo hará la portavoz Soraya Sáenz de Santamaría en el próximo Pleno, que el Gobierno informe y asuma su responsabilidad política. Utilizaremos todos los instrumentos legítimos de nuestra acción política y parlamentaria para conocer la verdad. Nuestra democracia, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y nuestras víctimas del terrorismo no nos permitirían que miráramos para otro lado.