Contra el Estado autonómico

La crisis del PP a cuenta de las corruptelas del Gürtel, el desconcierto vasco y la falta de autoridad de la direccion nacional es sintomática del disparatado diseño del Estado autonómico, cuyo deterioro ha llegado a un punto sin retorno. Sin restar méritos a Don Mariano, que sin duda los tiene, un personaje de su insignificancia política no puede ser señalado como el responsable único de la descomposición de su partido, proceso paralelo a la desintegración de facto de la propia nación española.

No se trata de la clásica discusión entre centralismo y federalismo, porque aquí no tenemos ni una cosa ni la otra, y sí los inconvenientes de ambos modelos. Las justificaciones históricas que apelan a las dificultades coyunturales que tuvieron que salvar los padres de la Constitución ya no sirven 30 años después.

El primer despropósito fue dejar abierto el sistema de distribución competencial al albur de la conveniencia política del momento, sin que los intereses de los contribuyentes y la eficiente gestión de los recursos que el Estado les sustrae cuente lo más mínimo. Así, una administración puede hacerse cargo o no de la seguridad o cualquier otro asunto en función exclusivamente del apoyo al Gobierno de un grupo de diputados.

Pero la mayor burrada es la llamada financiación autonómica. Es una invitación al gasto irresponsable que los gobiernos autonómicos han abrazado con entusiasmo en una carrera ruinosa por ver quién logra la mayor de las deudas, lo que ha convertido nuestro sistema institucional en el más caro e ineficaz y, por tanto, insostenible. Gastan y gastan un dinero que no recaudan, por el que no deben responder ante sus administrados. De modo que se estimula la creación de redes clientelares, como la que ha aflorado ahora en el PP, que no deja de ser pecata minuta si lo comparamos con las tejidas por el PSOE en Andalucía o los nacionalistas cuando han gobernado en el País Vasco y Cataluña, recuerden el tres por ciento.

Los intereses de la parte prevalecen siempre sobre los del todo. Incluso si Rajoy gozase de una autoridad que no tiene, le hubiese sido especialmente difícil imponerse sobre Camps o Basagoiti. El líder de la oposición es en la España de hoy un mindundi político frente a todo un caudillo autonómico. En estas condiciones estamos en un callejón de muy difícil salida. Si además no existe voluntad de cambiar las cosas, vamos de cabeza a la ruina. Habría que esperar a que Rosa Díez ganase las elecciones y, qué quieren que les diga, eso, por inverosímil, no es un gran consuelo.