La denuncia formulada por el Consejo General de la Abogacía Española, según la cual las escuchas de las conversaciones entre los imputados por el caso Gürtel y sus abogados son ilegales a la luz del ordenamiento procesal vigente, es de una extraordinaria gravedad dado que podría dar lugar a la nulidad de todo el proceso.
El consejo de la abogacía se suma así a la denuncia presentada en su día por el abogado de Francisco Correa, presunto cerebro de la trama Gürtel, calificando además esta nueva tropelía jurídica cometida o autorizada por el inefable Baltasar Garzón como “un gravísimo atentado contra el Estado de Derecho”.
El órgano ejecutivo de los abogados españoles señala acertadamente que las conversaciones entre los abogados y sus clientes sólo pueden ser intervenidas en los casos de terrorismo, y eso mediante la oportuna y expresa autorización judicial. Es evidente que el caso Gürtel no tiene ninguna relación con el terrorismo sino con el blanqueo de capitales, falsedad, cohecho y tráfico de influencias, tal y como el propio magistrado atestigua en su auto de procesamiento. Lo que abunda en la gravedad de lo sucedido con unas consecuencias que pueden dar la vuelta por completo al caso de presunta corrupción en las filas del Partido Popular.
Una vez más la polémica envuelve las actuaciones de un magistrado, cuya trayectoria acredita una alarmante falta de escrúpulos con tal de conseguir un determinado efecto mediático-político con sus decisiones. En el caso de la presunta corrupción de altos cargos del principal partido de la oposición, Garzón ha conseguido desatar toda una tormenta mediática contra el PP a costa de descuidar las garantías procesales que establece la Ley. Tal vez porque, envuelto como está el propio magistrado en diversos procedimientos que le afectan profesionalmente, era un buen momento para hacerle un favor al partido en el poder, el mismo que le incluyó en las listas electorales en los estertores finales del felipismo.
Si se sustancia finalmente la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo por Garzón, es posible que muchos de los implicados en la trama Gürtel vean atenuadas sensiblemente sus responsabilidades penales o directamente salgan indemnes del proceso, a pesar de que exista constancia suficiente de su participación efectiva en esta operación de enriquecimiento ilícito. El escándalo que algo así provocaría en la opinión pública habrá que imputárselo directamente a Garzón, un juez incapaz de someter su obsesión por hacer política desde el juzgado al recto juicio y la ecuanimidad que deben informar toda actuación judicial.
Lo más grotesco de todo este escandaloso asunto es que, al final, hasta el propio Partido Popular saldría beneficiado de la nulidad parcial o total del proceso, lo que permitiría a su ejecutiva, claramente tocada tras las revelaciones del caso, pasar por encima de una de las páginas más oscuras de su historia. Al final los perjudicados serán únicamente sus votantes, simpatizantes y, en general, los contribuyentes, obligados a asistir atónitos a un nuevo caso de impunidad política. Y todo por culpa de la compulsiva obsesión de un juez que ya ha demostrado sobradamente su incapacidad como tal.