Mientras que la responsabilidad política no deje de ser juzgada por la responsabilidad penal, en mi opinión, no habrá vida democrática en España. La "judicialización" de la vida pública en nuestro país no es un rasgo propiamente político, o mejor, una característica de la democracia, como lo fue en la Asamblea griega, en la época de Aristóteles, o en algunas democracias occidentales contemporáneas. En el caso español, por desgracia, se ha convertido en una propensión patológica de la casta política para ocultar sus responsabilidades.
Esto viene de lejos. Viene de la época de Felipe González. La reducción de la responsabilidad política a lo que digan los tribunales de justicia, que a su vez están determinados por el poder Ejecutivo, ha sido la principal añagaza ideológica de la casta política para eludir los controles de los ciudadanos. Ante las miserias del caso Gürtel y otros mil ligados a los socialistas, uno añora la importancia de los juicios "políticos" de la Grecia clásica, o los procedimientos de impeachment de la democracia británica, por no decir nada del famoso recall estadounidense de larga historia ejemplarizante contra los corruptos de esa democracia, por ejemplo, cabe recordar que en 2003 fue revocado el gobernador de California, Gray Davis, y reemplazado por Arnold Schwarzenegger... En fin, esos y otros muchos procedimientos son utilizados en las democracias para controlar a los políticos electos que están acusados de corrupción, traición u otros crímenes.
Por desgracia, España desconoce esos procedimientos o similares. La casta política no quiere ni oír hablar de ellos. Ellos se bastan con lo que digan los tribunales de justicia. Es una gran mentira, pero la venden como verdad. Es su poder. Un político electo, en España, en cualquier orden de la administración parece inamovible. ¡Únicamente la justicia, grita la casta política española, puede expulsarme de mi cargo! Mientras tanto, sí, mientras un juez no demuestre su culpabilidad, nadie lo pondrá en la calle. Esta fórmula ideológica felipista, ahora, con el caso Gürtel, se pone de plena actualidad. ¿Qué político es capaz de decirle a otro político imputado en un proceso judicial por corrupción que salga por completo de la vida política? Pocos. Quizá ninguno.
Los socialistas jamás han depurado políticamente a sus corruptos. Antes al contrario, algunos, incluso después de ser juzgados y cumplidas sus condenas, han sido premiados con cargos relevantes en el partido. Tampoco creo que lo populares fueran muy lejos. Aunque quizá haya una excepción democrática; me refiero a la expulsión del Grupo Popular, ordenada por Esperanza Aguirre, de lo tres diputados regionales del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Algo es algo. Felicidades.
Sin embargo, la sordidez política que vivimos los españoles no termina con la expulsión de los presuntos corruptos de un grupo político determinado. Ojalá. Sería más que conveniente que fueran expulsados de la propia vida pública a través de mecanismos de control propiamente políticos. Esto, hoy por hoy, es un imposible. Primero, porque los electos corruptos están blindados al ser los únicos propietarios del acta; y, segundo, porque la presunción de inocencia criminal aplicada al político ha dejado de ser un derecho para convertirse en un tabú. Quien no se tome en serio estos dos asuntos, difícilmente logrará comprender la sordidez de nuestro entorno político.