¿Tirará un acorralado Garzón de la manta?

Mentira sobre mentira, infamia sobre infamia. El fallido proceso de negociación con la ETA que llenó las portadas de todos los periódicos hace más de tres años, sigue coleando por muy mal que le pese al Gobierno que lo patrocinó. Uno de los episodios más sórdidos de aquella etapa, el del chivatazo que, según se extrae de la investigación judicial, miembros de la Policía Nacional dieron al cobrador de la banda para evitar que éste cayese en una redada montada a instancias de Grande Marlaska, ha resucitado de entre los muertos que Garzón acumula en las estanterías de su despacho.

Los antecedentes son bien conocidos. En mayo de 2006, Joseba Imanol Elosúa, dueño de un bar de Irún y cabeza del aparato de extorsión de la ETA, recibió una llamada en la que se le pedía que no pasase a Francia con lo recaudado porque sería detenido por un operativo especial desplegado desde la Audiencia Nacional. El teléfono desde donde se hizo la filtración estaba controlado por el Ministerio del Interior, exactamente por el entonces director general de la Policía y ex gobernador civil socialista de Álava, Víctor García Hidalgo. Grande Marlaska dio curso a una investigación e inició un proceso en la que García Hidalgo y dos policías de Bilbao y Vitoria resultaron imputados.

Esta causa, ya en manos del juez Garzón, lleva dos años durmiendo en un cajón de la Audiencia Nacional. Hasta ayer cuando el fiscal de la Audiencia, Javier Zaragoza, solicitó formalmente su sobreseimiento provisional porque, según parece, no se ha conseguido en todo este tiempo dar con el responsable de la filtración. Y, efectivamente, no se ha dado con él porque las investigaciones han sido muy deficientes. Por un lado, y como es lógico, Elosúa no va a denunciar al agente que hace tres años le evitó una detención; por el otro, como era de esperar, las intervención de los teléfonos de los imputados no han arrojado novedades. Sólo faltaría que gente especializada en pinchar teléfonos ajenos cayesen víctimas de un pinchazo cuando se saben sobre la picota.

La maniobra de Pumpido es, con todo, misteriosa y susceptible de diversas interpretaciones con el velado pulso que Pumpido y Garzón sostienen como telón de fondo. Podría ser que el juez viendo venir al fiscal se haya anticipado a la solicitud de archivo de la causa instruyendo nuevas diligencias. Un caso como el del chivatazo es un caramelo porque implica disponer de un pistola cargada cuya bala puede dispararse cuando mejor convenga. Abundando sobre esta hipótesis, Garzón no pasa por sus mejores momentos y bien podría ser apartado de la carrera judicial. Reactivar el chivatazo es, por lo tanto, una puñalada en la espalda al Gobierno, deseoso de olvidar y de hacerse perdonar el ridículo de la negociación con la ETA. También podría suceder, sin embargo, que todo este circo sea un apaño entre Pumpido y Garzón para archivar definitivamente el caso condenándolo al olvido.

Sea por la razón que sea, la resurrección repentina del chivatazo a ETA es una ocasión excelente para volverlo a investigar y llegar al fondo del asunto. Deben comparecer inmediatamente, como bien ha pedido el Partido Popular apenas media hora después de conocerse la noticia, el fiscal general del Estado y el ministro de Justicia aunque sólo sea por puro sentido de la vergüenza. Pero el PP debe ir más allá en los próximos días: la obstrucción por parte del PSOE de la pertinente depuración de responsabilidades debería llevar a Rajoy a replantearse su colaboracionista actitud en materia de la política antiterrorista del Gobierno. Sería absurdo confiar en un cambio profundo por parte de aquel que no persigue algunos errores pasados tan desastrosos, vergonzosos y delictuosos como éste.