José Ramón Solís García del Pozo, Magistrado. Presidente de la Sección Territorial de la APM de Castilla La Mancha
"Comienza el año judicial con una huelga de jueces convocada para el próximo día 8 de octubre por la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria en entre los jueces españoles. Hecho insólito que fácilmente puede hacernos sospechar que algo no funciona como debiera en la Administración de justicia.
No sería extraño que el sufrido ciudadano protestase por el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, el ciudadano que año tras año sitúa a la Administración de justicia en las encuestas como la institución del Estado peor valorada, pero sorprende que sean los jueces los que protagonicen esta protesta, ellos que son precisamente la imagen que mas directamente representa a la justicia, que son los responsables de la misma.
La cuestión solo puede comprenderse si se conoce que el poder judicial carece de capacidad para dotarse o administrar los medios materiales que necesita para ejercer su función y que ni siquiera los jueces tienen la dirección y el control del personal que trabaja en los juzgados al servicio de la Administración. Todo lo que afecta a la dotación de medios materiales y personales, la organización de estos medios y su gestión depende directamente del Poder Ejecutivo Estatal y del de las Comunidades Autónomas con competencias sobre la materia también tienen, en consecuencia, una gran responsabilidad en el mal o buen funcionamiento de la administración de justicia.
La justicia española necesita más jueces y más juzgados, dato incontestable a la vista de la sobrecarga de asuntos que tramitan y del excesivo tiempo que tardan en resolverse y que sigue siendo irrefutable si comparamos nuestro sistema con el de los países que nos rodean. La proporción de jueces en España por cada 100.000 habitantes es la mitad de la media europea, 10,1 jueces por cada 100.000 habitantes frente a 19,8 jueces por cada 100.000 habitantes con los que cuentan los demás europeos.
La ratio de jueces por habitante nos coloca en el furgón de cola de la justicia continental junto a países como Malta, Turquía, Georgia o Azerbaijan. Los juzgados españoles registran más asuntos que los que el Consejo General del Poder Judicial estableció hace ya algunos años como carga máxima de trabajo de un órgano judicial y es frecuente el número de asuntos registrados dupliquen aquellos índices. Los jueces españoles resuelven más asuntos que los fijó el Consejo del Poder Judicial como volumen máximo de resolución, con el riesgo que ello comporta de disminuir la calidad de las resoluciones y de cometer errores.
Y cosa curiosa en España hay más juzgados que jueces, en la actualidad unas 700 plazas de jueces y magistrados se hallan sin cubrir por jueces titulares. A nadie se le ocurriría hacer escuelas sin maestros u hospitales sin médicos, pero en la justicia todo es posible. Ante esta situación ¿No sería una falta de responsabilidad por parte de los jueces dejar pedir que se creen los juzgados y jueces necesarios para dar respuesta a las demandadas de la sociedad española?
Otro dato es que la estructura de los juzgados y tribunales españoles es sustancialmente la misma que la que tenían en el siglo XIX, cuando España era esencialmente una sociedad rural y agrícola. La consecuencia es que no existe la posibilidad de asignar medios personales donde las necesidades son mas acuciantes, ni la de adaptar los dichos medios a la demanda de justicia. Además supone que la creación de juzgados genera unas necesidades de espacio y coste excesivo.
Hace ya seis años se proyectó una nueva organización de la oficina judicial con oficinas comunes y órganos judiciales reducidos. Seis años de bonanza han trascurrido con aquel proyecto parado y ahora el Ministerio de Justicia quiere resucitarlo. ¡Veremos cuantos años tarda en ponerse en marcha el proyecto! Y me pregunto yo, ¿no sería una falta de responsabilidad por parte de los jueces que conocen y sufren la obsoleta organización de los medios personales exigir que se adopten las medidas necesarias para acabar con esta situación?
Finalmente, por no extendernos, los medios técnicos con los que cuenta la administración de justicia, son obsoletos y anticuados, no hace falta citar casos concretos que lo ponen de manifiesto y todos tenemos en la cabeza. Carecen los juzgados de los elementos informáticos básicos para tramitar los procedimientos, comunicarse con los ciudadanos, con los demás órganos judiciales o con las demás instituciones. Medios con los que las demás administraciones cuentan desde hace ya muchos años. No es de extrañar esta situación cuando comprobamos que España dedica el 1% de su presupuesto a la justicia cuando el de los países europeos de nuestro entorno se sitúa alrededor del 3%.
Todos estos problemas y muchos otros que soporta la justicia española, no son consecuencia de la crisis (con ella sólo se han agudizado) sino que se mantienen año tras año situando a la administración de justicia en una situación de subdesarrollo endémico".