La decisión del depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya de regresar a su país y refugiarse en la embajada brasileña no busca otra cosa que desatar un enfrentamiento civil que, con el apoyo de fuerzas extranjeras, le devuelva al poder del que fue apartado tras perpetrar numerosas violaciones de la ley y la Constitución de su país. Por ello, va a ser muy difícil que la salida a su situación no pase por la alternativa que ha planteado el presidente designado por el parlamento tras su destitución, Roberto Micheleti: o bien el Gobierno brasileño concede a Zelaya asilo, o bien le entrega a las nuevas autoridades de Honduras, donde ya se ha incoado el proceso judicial en su contra por violación de la Constitución, corrupción y malversación de caudales públicos.
Es cierto que muchos países, entre ellos Brasil, todavía no reconocen al nuevo Ejecutivo hondureño. Sin embargo, la situación en la que está Zelaya por voluntad propia es, paradójicamente, y tal y como señala nuestro colaborador Carlos Alberto Montaner, la más parecida a la que quería el nuevo Gobierno hondureño. Y es que por mucho que Zelaya no esté en una cárcel, sino en la embajada brasileña en Tegucigalpa, la policía hondureña sólo tiene que limitarse a cuidar el exterior del edificio y controlar sus entradas y salidas. De hecho es a eso, al mantenimiento del orden y a impedir que los zelayistas traten de liberarlo, a lo que se está limitando la policía hondureña.
De hecho, es a los partidarios de Zelaya, y no a Micheletti, a quienes deberían dirigirse los llamamientos a la "calma" y al "respeto" a la integridad de la embajada que han pronunciad Zapatero y Lula. También al propio Zelaya, que lejos de hacer de apaciguar la situación, está alentando la violencia entre sus seguidores, acusando falsamente al ejército y a la policía de reprimir al pueblo hondureño y de tratar de capturarle a él dentro de ese recinto que goza de inmunidad jurisdiccional.
Debemos recordar que la expulsión de Zelaya de la presidencia y del país ocurrió de manera incruenta. Lejos de perpetrar un liberticida golpe militar, tal y como nos quieren hacer creer los zelayistas, el ejército se limitó a obedecer las órdenes de la Corte Suprema ante las continuadas violaciones de la ley de un gobernante corrupto empeñado en hacerse reelegir, aunque violara la Constitución, y en arrastrar al país contra la voluntad de sus compatriotas al campo chavista del "socialismo el siglo XXI".
La salida politica para Honduras no debe ser otra que la celebración de unas elecciones libres y pacíficas como las que el Gobierno interino de Micheletti tiene previsto celebrar el próximo mes de noviembre. Esperemos que la reclusión de Zelaya, aunque sea en una embajada, lejos de obstruirlo, despeje ese camino para todo el pueblo hondureño.