Sociedad del desconocimiento

El siguiente artículo ha sido solicitado al autor por los oyentes de Es la Mañana de Federico.

Los términos "economía sostenible" y "sociedad del conocimiento" son los comodines que emplea constantemente Zapatero para tratar de vender a la ciudadanía que la intervención del Estado es, no sólo necesaria, sino fundamental para el desarrollo del país. Bajo esta premisa, el Gobierno prepara su particular Ley Verde, con el fin de modificar el actual modelo productivo.

Con este proyecto, el presiente del Ejecutivo pretende, una vez más, vender humo, sólo que a precio de oro. La nueva Ley de Economía Sostenible, más allá de escandalosa improvisación, restaura el dirigismo estatal en la inversión exterior, propio del régimen franquista, e impulsa a golpe de decreto el modelo energético más caro e ineficiente que existe en la actualidad (energías renovables).

Su coste estimado: 20.000 millones de euros. Un dinero que saldrá del bolsillo de los contribuyentes, ya que el proyecto abre la puerta a la creación de nuevos impuestos verdes para poder financiar tal despilfarro de recursos públicos.

No es algo nuevo. Hoy es la "economía sostenible" –más bien, insostenible–, ayer fue la "innovación y el desarrollo" mediante las políticas de I+D+i. En 2005, apenas un año después de llegar a La Moncloa, Zapatero también anunció a bombo y platillo un ambicioso plan de inversión pública para fomentar la innovación, dotado con 2.800 millones de euros. El objetivo entonces era situar a la "sociedad del conocimiento" como eje vertebrador de la nueva estructura económica.

Cuatro años después, los resultados no pueden ser más claros. Según el Indicador sobre Innovación, que elabora la Comisión Europea, España ha perdido peso en innovación tecnológica durante la pasada legislatura. En concreto, bajó un puesto en el ranking tecnológico mundial en 2007. España con 0,31 puntos apenas supera a países de la talla de Malta (0,29), Lituania (0,27) o Hungría (0,26), y se coloca justo por detrás de Chipre, cuyo indicador tecnológico alcanza el 0,33. De este modo, España se aleja de la media comunitaria en materia de innovación, con 0,45 puntos en 2007.

Muchos pensarán que el esfuerzo inversor del Gobierno ha sido insuficiente en esta materia, pero los datos muestran una realidad distinta. El gasto público de España en innovación no es muy inferior a la media de la UE: 0,51 puntos frente a 0,65, respectivamente.

La clave reside en la falta de inversión privada. Es aquí donde las diferencias, simplemente, se disparan: 0,61 frente a 1,17 puntos de media europea; gasto empresarial en innovación (0,94 frente a 2,15); empleo en servicios de alta tecnología: (2,68 frente a 3,26 de la UE); exportación de productos tecnológicos (4,7 frente a 16,7); número de patentes en la UE (30,6 frente a una media europea de 128 por millón de habitantes); número de patentes en EEUU (6,5 frente a 52,2 por millón).

Es decir, hoy por hoy, España no es un país atractivo para que el capital privado invierta en I+D. Y es que, a diferencia de lo que piensa Zapatero, son las empresas, no el Estado, las impulsoras de la innovación para mejorar sus productos, incrementar sus ventas y lograr beneficios. Véase, por ejemplo, el caso de Microsoft que, pese a la crisis económica, recluta a cientos de universitarios cada año para mejorar su capital humano. ¿Sueldo? Hasta 6.000 dólares al mes, siendo simples becarios. Por el contrario, el único incentivo del Gobierno en esta materia consiste en vender su proyecto a la opinión pública para ganar votos.

Lo privado y lo público siguen estrategias distintas, ya que responden a intereses opuestos. No obstante, apenas cuatro años después, Zapatero está dispuesto a recortar el presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación ante la necesidad de reducir el déficit público que él mismo ha generado. Por desgracia, ya tiene en mente un nuevo proyecto, el de la "economía sostenible", mucho más costoso que el de I+D, para tratar de engañar al electorado con falsas promesas.

La inversión en innovación y desarrollo, factor clave para la productividad de un país, no crece a base de gasto público, sino generando las condiciones idóneas para atraer capital privado (inversiones), multinacionales (empresas) y talento (recursos humanos de alta cualificación). En realidad, no es tan difícil. Tan sólo es necesario sustituir las ingentes subvenciones públicas que se malgastan en proyectos inútiles (léase con atención este ejemplo) por la reducción de trabas, impuestos y burocracia. Es cuestión de dar facilidades a la iniciativa privada, cuantas más mejor.

Curiosamente, el Gobierno socialista ha hecho justo lo opuesto. Y es que, la nueva Ley del Medicamento que aprobó en 2006 la actual ministra de Economía –entonces responsable de Sanidad–, Elena salgado, asestó un duro golpe al sector farmacéutico nacional, líder de I+D en España. Debido a esa norma, las empresas dejaron de invertir 1.500 millones de euros en I+D hasta 2010. Dentro de cuatro años, quizá menos, hablaremos del rotundo fracaso de la nueva Ley Verde.