¿Qué podemos hacer los ciudadanos cuando nos topamos con un alcalde que se gasta el dinero común sin control alguno y que nos deja en la más penosa bancarrota con deudas para las futuras generaciones? Nada. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos ante gobernantes autonómicos y/o nacionales que hacen lo propio y que nos suben los impuestos de manera inmisericorde para arreglar los entuertos que ellos mismos nos han proporcionado? Nada. Callarnos, pagar religiosamente las cargas fiscales que nos impongan y rezar para que acaben ahí nuestros pesares y no nos sobrevengan impuestos añadidos. La amenaza de Zapatero de incrementar nada menos que en dos puntos el IVA (esto es, que pagaríamos un 18 por ciento en su tramo máximo y no un 16 como ahora), me lleva a considerar que hay algo que falla en nuestras leyes de gobierno. Hemos de proponernos que los gobernantes, en cualquiera de los niveles de la administración, tengan legalmente definidas sus responsabilidades, incluso las penales en determinados casos.
Sí, sí. Intuitivamente podemos explicarlo así. ¿Por qué la comunidad que sea, la local, la regional o la nacional van a soportar el coste de compras y ventas del Estado hechas a precios superiores a las que podrían haberse encontrado en ese momento en otras ofertas? ¿Por qué los vecinos de un pueblo deben admitir un endeudamiento superior al admitido legalmente o aconsejado por los expertos? ¿Por qué los habitantes de una región deben pagar las consecuencias de carreteras mal hechas que son reparadas una y mil veces por defectos de origen? (Estoy pensando en la autovía A-92 de Andalucía que es un agujero negro para el bolsillo de todo los andaluces desde su puesta en marcha, por tramos, en 1992). ¿Por qué un señor puede dejar a su país arruinado sin que tenga ninguna responsabilidad no penal, ni económica, ni civil ni siquiera moral?
Cualquier representante del dinero de unos pocos –un administrador de una sociedad anónima o limitada, por poner un ejemplo–, puede pagar, cuando menos, con sus aportaciones a la sociedad y a veces con más dinero, si su gestión de la sociedad es nefasta. Si el dueño de un bar, de un taxi, de una guardería no saben gestionar sus negocios y los han avalado con préstamos personales, lo pierden todo o buena parte de ese todo si la cosa les va fatal. ¿Por qué entonces los que gestionan el dinero de todos, que debe ser sagrado para unos gobernantes medianamente democráticos, salen impunes civil, económica, penal y moralmente de sus desaguisados? Pondré otro ejemplo fundado en otra corruptela reciente. La empresa pública Mercasevilla no ha cumplido habitualmente la Ley de Contratos del Estado. ¿Les sobrevendrá algún dolor de cabeza por ello a sus gerentes y administradores? Seguro que no.
Estamos, pues, ante la impunidad más absoluta en el mal uso del dinero público. Por ello, me infligí el castigo de leer a Ley del Gobierno. Es esta en capítulos.
Y caí en la cuenta de que no hay ni un solo título que se refiera a la responsabilidad general y concreta de los gobernantes. Se habla de sus nombramientos y ceses, de las normas de funcionamiento, pero no de sus responsabilidades. Lo único que se dice en cuanto al control de los actos de gobierno es lo que sigue:
Artículo 26 Del control de los actos del Gobierno.
1. El Gobierno está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación.
2. Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales.
3. Los actos del Gobierno y de los órganos y autoridades regulados en la presente Ley son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en su Ley reguladora.
4. La actuación del Gobierno es impugnable ante el Tribunal Constitucional en los términos de la Ley Orgánica reguladora del mismo.
Pero, claro, es tan sencillo amparar una mala gestión económica en el socorrido lema del bien común... Pero, ¿puede ser un bien común el endeudamiento colectivo indiscriminado e injustificado? ¿Puede ser lo la ruina general de empresas y empleos?
Como uno no es jurista sino aprendiz de filósofo y periodista, no sabe si lo que uno considera profundamente necesario en la regulación española del gobierno –no usar el dinero público en vano–, es una imbecilidad jurídica y/o política. Es decir, ¿es una tontería aspirar a que nadie pueda dejar el números rojos las cuentas de una comunidad que no los sufría al comienzo de su mandato? ¿Lo es desear que nadie pueda entrampar a generaciones enteras con compras o endeudamientos no justificados?
Pues será uno tonto, pero, sin duda alguna, lo quiero. Quiero que mi dinero, ganado por mi esfuerzo y puesto en común con los dineros de los demás en la olla del dinero público que es de todos, del público, y no de nadie como dijo alegremente una ministra andaluza –qué cruz–, se gestione bien y produzca beneficios para mi país, no quebrantos. Y si no se gestiona bien, quiero que los responsables del desastre paguen con su patrimonio, cuando menos, sus errores. Si los administradores de la cosa privada responden de sus errores, ¿por qué los de la cosa pública actúan bajo el imperio de la impunidad más ominosa?
Si soy tonto, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer si yo... quisiera ver en esa Ley del Gobierno un Título nuevo, el Sexto, que dijera: "De las responsabilidades civiles y penales del Gobierno y de sus miembros"?