La mera posibilidad de una próxima sentencia del Tribunal Constitucional que corrija una coma del Estatuto de Cataluña ha puesto en evidencia la escasa convicción que tienen el socialismo gobernante en Cataluña y en España en la defensa de nuestro Estado de Derecho. La presión ejercida desde el Gobierno de la Generalidad, amenazando incluso con manifestaciones preventivas, resulta incompatible con un comportamiento democrático que respete mínimamente el principio de la división de poderes en nuestro país. Pero más grave aún es que desde el Gobierno de España en vez de defender la independencia del Tribunal se unan al coro de voces que ejercen una inaceptable presión sobre sus miembros para lograr una sentencia ajustada a sus intereses partidistas.
Es evidente que una sentencia desfavorable al Estatuto supondría un grave contratiempo político para los gobiernos de Montilla y Zapatero. El primero vería peligrar la alianza con los independentistas radicales de ERC que le permiten gobernar en Cataluña. El segundo tendría aún más dificultades para mantener su estabilidad parlamentaria. Una sentencia negativa supondría además una evidente derrota política a la tesis de Zapatero, ya corregida por el propio Congreso de los Diputados en la tramitación parlamentaria del texto, de aprobar sin más lo que viniera del parlamento catalán. Es más, toda la reforma autonómica impulsada por Zapatero como una pretendida reinvención de España sería puesta en cuestión. Para colmo el Tribunal vendría a dar la razón al Partido Popular en su denuncia sobre la inconstitucionalidad de algunos preceptos del nuevo Estatuto.
Pero nada de eso justifica la posición de práctica insumisión que está adoptando el Gobierno de la Generalidad ante una sentencia que ni siquiera se ha dictado aún. No es admisible que el vicepresidente del Gobierno de Cataluña se comporte como un matón antisistema amenazando al Tribunal Constitucional con movilizaciones para evitar que dictamine en contra de sus tesis. No es de recibo tampoco que desde el Partido Socialista de Cataluña se menosprecie al Tribunal proponiendo anticipadamente un fraude de Ley en caso de que la sentencia sea negativa. Ni tampoco es asumible la posición de un presidente de la Generalidad al afirmar que realizará una defensa firme de una Ley aunque sea declarada ilegal.
Pero aún es más grave la presión ejercida directamente desde el propio Gobierno de España con un ministro de Justicia que afirma que tras dos años del nuevo Estatuto "no ha pasado nada" o un Ministro del Interior que cuestiona la legitimidad del Tribunal Constitucional para dictaminar una Ley aprobada por un parlamento autonómico. Hace ya muchos años que el socialismo español dio por finiquitado a Montesquieu y su división de poderes. Se entiende por tanto que desde el Gobierno no se haga especial énfasis en la defensa de la independencia del Poder Judicial ante los inaceptables ataques perpetrados desde el tripartito catalán, pero resulta más que preocupante para la salud de nuestra democracia que ministros del ejecutivo de Zapatero se sumen a esas presiones para obtener una sentencia acomodada a sus necesidades políticas.
Resulta llamativo que quienes se rasgan las vestiduras calificando como graves atentados a nuestro Estado de Derecho la defensa que hace el Partido Popular de la presunción de inocencia, de los derechos de los detenidos o la denuncia de filtraciones de sumarios judiciales secretos, pongan ahora en tela de juicio la independencia del Tribunal Constitucional como una institución clave de nuestro sistema democrático. Hace tiempo que el Gobierno de Zapatero se ha deslizado por una pendiente de regresión democrática que está poniendo en riesgo no sólo nuestro Estado de Derecho, sino también nuestras libertades.