Ach, he escrito "javier" y no "antonio" en el comentario anterior... Si se publica, ¿podríais modificarmelo, por favor?
Err... esto... Javier... Lo del tercer boton ya lo estoy patentando yo... ;) (véanse las patentes sobre los clicks del raton... como diria Trillo, la cosa manda h...)
Me sorprende y agradezco que, desde la posición politicamente correcta, la más popular, la que tiene apoyos entre todos los votantes y lectores, a izquierda y derecha, te hayas molestado en detallar tus argumentos en estos dos artículos. Sin embargo, echo de menos que alguien defienda la postura contraria. Por ejemplo, el debate entre Vermoet y Espulgas sobre el velo ha sido un alarde de reflexión, libertad, respeto...
Mientras tanto, y con permiso:
1) Todos los acuerdos sociales, también derechos y leyes, son ficciones. Pero la supervivencia de muchos, y la prosperidad de todos, depende de ellos. No es esgrimible de forma distinta ante la propiedad intelectual y ante el derecho a igual trato ante la ley, por ejemplo.
2) Cuando el poder reside en el rey, es lógico que sea él quien declara protegido un derecho. No es un pecado de origen. Véase, como fuente de legitimidad, su reconocimiento por los fundadores de EEUU.
3) Carece de sentido exigir que un derecho se pueda proteger sin el Estado para considerarlo legítimo: el gobierno del grupo nace para salvaguardar derechos de los individuos, empezando por la propiedad. El modelo social en el que estos derechos son protegidos se mantiene porque es el que ofrece más ventajas, como premiar el esfuerzo protegiendo su compensación en los términos libremente acordados por las partes. Lo diga Agamenón o su porquero, aunque indudablemente en esta balanza tengo la credibilidad del segundo.
4) En la protección de la propiedad no hay que centrarse en el objeto sino en la libertad del propietario. La clave está en el cumplimiento de contratos. El autor decide vender su obra bajo determinadas condiciones que el comprador acepta. Hay que aprender a considerar la dualidad producto/servicio sin perder el foco. Y no descartemos la rebelión de Atlas.
5) También es comprensible que la protección de la propiedad intelectual tuviera poco sentido antes de la aparición de los medios de reproducción masiva, empezando por la imprenta. El modelo comercial se ajusta a las características del mercado. Y espero que no secundes a tu compañero Fernando Herrera, a quien saludo, al comparar la producción intelectual de la humanidad con ambos modelos y juzgar superior en calidad y cantidad el saldo antiguo (!).
Por otra parte, permíteme recordarte lo que sucedió cuando defendías en un artículo que Second Life representaba el mundo ideal del liberalismo. Grave error: identificar la concentración de poder con la palabra "gobierno", cuando lo que importa es el concepto, la posibilidad de que un agente dirija la sociedad según sus deseos. Os expresé en el Juan de Mariana que Second Life era una dictadura, porque dependía de la empresa que lo organiza aunque no hubiera demostrado su poder restringiendo aún las libertades de sus ciudadanos. Sólo una semana después, los hechos me dieron la razón, un grupo de manifestantes virtuales fue "teletransportado" al otro lado del mundo. Pero cuando expuse el error de juicio inicial, el Juan de Mariana desestimó mis comentarios y apoyó tu postura. Sirva de ejemplo de cómo el acuerdo de la mayoría, incluso dentro de los grupos liberales, no es suficiente garantía.
En el asunto que ahora nos ocupa, no puedo dejar de lamentar tener que defender el valor del sistema de patentes para incentivar la innovación, y los magníficos resultados conseguidos. Es igualmente elemental que hay que respetar la legitimidad de cualquier parte (Google, la SGAE, etc) cuando sigue el ordenamiento jurídico para perseguir sus intereses. Espero que podamos, en algún momento, dejar atrás estas consideraciones y avanzar en otras.
El modelo actual es una institución de éxito en términos de Hayek. Los modelos alternativos son la respuesta correcta si compiten e incluso lo dejan obsoleto (y ojalá así sea), pero no si se imponen desprotegiendo la propiedad intelectual, ya sea de iure cambiando las leyes o, pero aún, de facto llamando al incumplimiento, lo que degrada nuestro estado de derecho. Conste que caso de compartir un principio superior (como por ejemplo que el gobierno incumpla la constitución y anule los sistemas de control) apoyaré la insurrección, pero por el momento sólo veo en vuestra tesis una llamada al saqueo, debilidad o clara confusión en los principios liberales, y el afán de saldar otras cuentas con los colectivos de izquierdas.
Sería de agradecer que no mezclarais este debate con:
a) la aberración del canon. No es más que la conjunción de un impuesto directo y una subvención. No toca discutirlo en este debate, sino en el de la necesaria abolición de las subvenciones, del clientelismo. Discutir una de las aplicaciones del sistema, demonizar a uno de los participantes, resulta demagógico y peligroso, por tentador que parezca encabezar un nuevo motín de Esquilache. Debemos aceptar que los agricultores defiendan la PAC, pero hay que rechazar que los gobiernos la concedan. Es necesario abrir los ojos al público, aunque para ellos sea más fácil entender la causalidad tras la subida de 1 euro en el precio en un CD que tras la generación de su oferta salarial y los precios de la cesta de la compra.
b) la equivocación ideológica de los grupos de artistas (cejateros, no a la guerra, nunca máis, y repentino silencio en las guerras y mentiras de ZP como Afganistán, la crisis fantasma, el 11M...). Lo raro, a la luz de la Historia, sería que acertaran. Hagamos un paralelismo con la ciencia. Pensemos en la gran cantidad de científicos que hoy apoyan la calentología, o cómo los académicos occidentales boicotean a los israelíes y hacen la corte a los líderes terroristas. No es el motivo para replantear las cuentas con la comunidad científica. Por un lado, hay que decidir la política de ciencia que queremos (subvenciones, planificación centraliza, ninguna intervención...), y, más importante aún, si se nos ocurren demandas insatisfechas o nuevas oportunidades en el mercado de las que nos podamos beneficiar a título de empresa, o investigador, o universidad, o en algún nuevo papel, impulsando una nueva forma de hacer las cosas. Y, por otro lado, hay que decidir qué acciones políticas tomar para contrarrestar el mensaje de estos colectivos. No estoy en contra de la educación pública porque la mayoría de los rectores tomen partido por la izquierda, sino porque creo que hay alternativas mejores.
Claro, las subvenciones de a) favorecen el izquierdismo de b), pero no es un problema de propiedad intelectual. Del mismo modo que los joyeros querrán más severidad en policial, y no por ello vamos a cambiar el debate de la justicia por el del comercio de joyas: el segundo es un problema empresarial que deben resolver ellos mismos, aunque tengan derecho a pedir toda la ayuda del mundo a quien quieran, incluyendo el gobierno, pero éste sólo debe asegurar el imperio de la ley, no la viabilidad comercial de ningún sector en concreto.
Termino refiriendo de nuevo el buen camino: propongamos nuevos modelos que compitan con más éxito. Quien crea que los CDs son demasiado caros (mencionar un precio en términos morales o políticos, y no meramente comerciales, es una de las peores y más extendidas equivocaciones, que denota una confusión radical) que monte un iTunes o LastFM. Quien piense que la SGAE cobra mucho, que monte una asociación o empresa que ofrezca a los artistas cómo rentabilizar mejor su trabajo. Quien piense que la SGAE vulnera la ley, que recurra a los tribunales, o monte una asociación de afectados. Pero quien pida cambiar la ley, que defienda primero su modelo de ingeniería social, qué espera que pase con la innovación, sin quedarse a medio camino en cuestiones que se resuelven de otro modo o dedicándose meramente la cosecha de la demagogia.
JaS:
Se nota una gran erudición en todo cuanto dices y no seré yo quien entre en tu terreno, pues ni siquiera tengo formación básica para ello. Sin embargo, tras todo lo que tú argumentas y todo lo que se pueda argumentar - tanto a favor como en contra- existe una cosa, un concepto que no se aprende en los libros y que se llama vida real.
Me explico:
Acudir a los tribunales en España para buscar justicia es -hoy día y desde hace ya demasiado tiempo- una pura ficción, siendo además sumamente gravoso y no existiendo ninguna garantía al respecto de la calidad y honradez de los letrados que te asistan.
Que pensemos que un CD sea más o menos caro es irrelevante, por cuanto no hay competencia en el mismo producto entre las diferentes empresas del sector. Es decir, que cada una de ellas trabaja con artistas exclusivos y no existen varias empresas que editen el mismo CD del mismo artista compitiendo en precio o calidad. Por tanto, esto es equivalente a un monopolio intelectual. Lo mismo ocurre con los libros, películas, etc.
Se podrá proponer que, en tal caso, no se compre un CD, pero no discutimos sobre un CD ni sobre la propiedad intelectual sino sobre la Cultura, su propiedad social y su difusión. Sin la capacidad de difusión de la cultura, ésta no existiría o se difundiría con tal lentitud que volveríamos al concepto de "tribu".
Los usos, costumbres y pensamientos de la sociedad entera, forman un todo del que surge la cultura que le es propia, siendo diferente según el grupo social. La intelectualidad emana de la sociedad y, por lo tanto, no es justo manipularla como si fuera exclusiva de alguien en quien ha surgido tal cosa, como si fuera un don divino o único y exclusivo de una o varias personas.
Lo que trato de explicar es que, a mi juicio, cuanto mayor es la capacidad de difusión cultural de una sociedad, más flexible debe ser la propiedad intelectual y los límites que se establezcan sobre ella. Lo contrario equivale a un simple y brutal mercado intelectual que nos llevaría, de cumplirse estrictamente, a una segunda Edad Media.
No digo que no tenga que existir una justa retribución a las ideas que surgen de la sociedad -aunque en forma individual-, pero si digo que la protección actual es a todas luces desmesurada, desproporcionada y abusiva porque equivale a decirnos a todas las personas que solamente podemos progresar en función de lo que paguemos.
Si aplicáramos los mismos cánones a la industria de la farmacia ¿Qué pasaría con la salud de una sociedad?
Por tanto, defiendo la intervención de la propia sociedad como auténtica reguladora de las iniciativas que deben tomarse para beneficiarnos a todos, en conjunto. El Estado debe escuchar a la sociedad de la que emana y dar cumplida satisfacción en el buen entendimiento de la defensa de aquello que nos hace progresar a todos, Y aquí está la diferencia entre un buen gobierno y un mal gobierno.
La sociedad, en mi opinión, debe formarse una moral de actuación que sirva de guía en sus movimientos. Pensar que cualquier logro individual o colectivo es lícito explotarlo comercialmente sin ponerle límites en función de las mejores circunstancias aplicables, es dividir la sociedad entre diferentes clases de ciudadanos. Sabemos que las habrá igualmente, como es inevitable, pero la riqueza de una sociedad consiste en la amplitud de oportunidades existente y no en la prolongación en tiempo y forma de un modelo de mercado inflexible y voraz.
Todos los creadores han surgido a su vez de la sociedad y a ella le deben una parte de los beneficios que obtengan del fruto de haberse desarrollado en su seno, como responsabilidad colectiva tenemos todos por los grupos marginados a los que no queremos comprender o ayudar por ahorrarnos molestias y, sobretodo, dinero.
Y, en fin, pensar que un grupo o colectivo no tiene derecho a que el estado, que somos todos, le garantice una seguridad proporcional al riesgo que corre es como abandonar a un ciudaddano a su suerte, por el mero hecho de que le ha tocado vivir cerca de un delincuente. Evidentemente, el estado deviene obligado a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos por igual, independientemente de que debido a su actividad particular corran mayor o menor riesgo y el esfuerzo a realizar sea mayor o menor.
Esto no es simplemente una cuestión comercial como para decir que los joyeros -en su ejemplo- deben asumir el "precio" de sus labores comerciales. Ello equivale a una discriminación ampliable hasta donde se quiera, equiparable por ejemplo a una forma de racismo.
Si alguien corre mayor riesgo en su seguridad personal, en función de su actividad, raza, ideología, sexo, etc. a ese alguien debe el estado protegerle con los medios proporcionales que le den seguridad. Lo contrario sería darle via libre para su autodefensa, incluyendo el concepto de defensa preventiva. ¿Dónde quedaría entonces el "Imperio de la Ley"?
Saludos.