La teoría constitucional sostiene que en una democracia los políticos son servidores de los ciudadanos, representantes de la soberanía nacional y gestores de la res publica. Son ellos quienes se someten a los intereses de las personas y no éstas a los suyos. En demasiadas ocasiones, sin embargo, la Administración y la Hacienda Pública se convierten en medios a través de los cuales los políticos codiciosos tratan de satisfacer sus ambiciones más ocultas.
Desde un comienzo, los Juegos Olímpicos fueron una apuesta personal de Gallardón para pavimentarse el camino hacia La Moncloa en el que embarcó y embaucó a toda la sociedad española a costa del contribuyente de Madrid.
Fue en 2002 cuando Aznar propuso que Esperanza Aguirre pasara desde la presidencia de la Cámara Alta a la de la Comunidad de Madrid y Gallardón de la presidencia de esta última a la Alcaldía de la capital española en sustitución de José María Álvarez del Manzano.
Aunque la idea en un principio no entusiasmó a Gallardón, el caramelo de unos Juegos Olímpicos madrileños, rememorando la fama que supusieron para Pascual Maragall los de Barcelona, terminó por convencerle. Aparte de anotarse un éxito personal, el hoy alcalde de Madrid aparecería durante dos semanas en decenas de actos oficiales por todos los medios de comunicación nacional e internacionales. Semejante éxito y proyección debería convertirlo, casi por derecho natural, en el candidato popular a la presidencia del Gobierno.
Así, lo intentó para 2012 y fracasó y lo ha vuelto a intentar para 2016 y, a falta de confirmación en la resolución definitiva del 2 de octubre, parece haber fracasado de nuevo. La ambición de Gallardón ni siquiera se frenó ante la más que previsible derrota derivada de postular a Madrid para la edición posterior a la londinense, en contra de las oficiosas directrices del Comité Olímpico Internacional de no celebrar dos Juegos consecutivos en el mismo conteniente.
No es de extrañar, sin embargo, que lanzara este órdago a la desesperada. Gallardón cada vez se aleja más de La Moncloa y no era cuestión de posponer más años el asalto a la propaganda olímpica. Era ahora o nunca y parece que este canal de propaganda se le ha cerrado definitivamente.
Un fiasco que, no obstante, no repercute sólo sobre el alcalde de Madrid, sino sobre el conjunto de los madrileños. Conocida es la desenfrenada afición de Gallardón por gastar sin contención en obra pública como si de un faraón del antiguo Egipto se tratara. Gracias a su desprendida gestión, Madrid se ha convertido en la ciudad más endeudada de España y a mucha distancia del resto: cada madrileño debe a los acreedores del ayuntamiento 2.080 euros, más del doble de los 990 que han de pagar los segundos más endeudados, los valencianos.
Si estas abultadas cantidades no fueran suficientes, Gallardón se lanzó a la aventura olímpica pese al evidente déficit que iba a generar para las arcas públicas. Prácticamente todas las ciudades que han acogido unos Juegos Olímpicos han padecido gravosos déficits durante décadas. En la situación actual de crisis y con un presidente del Gobierno central que compite con el alcalde de Madrid en sus ansias despilfarradoras, el voluminoso gasto que exigía la preparación de las olimpiadas no parecía el acicate más idóneo para estimular nuestra maltrecha economía. Así que, desde esta perspectiva, la decisión del COI no debería ser observada con desilusión o tristeza, sino con una cierta sensación de alivio y tranquilidad.
Claro que Gallardón, para justificar toda la pompa que irónicamente le ha reprochado el COI en su informe, ha tenido que generar unas irracionales expectativas que sin duda habrán decepcionado a más de uno. Dejando de lado el coste y las aspiraciones monclovitas del alcalde de Madrid, los Juegos Olímpicos son un evento que habría sido del agrado de muchos españoles y que habría convertido a la Villa en un foco internacional. Ello por no hablar de todo el gasto que Gallardón irresponsablemente ya ha ejecutado y que si Madrid no sale elegida, no habrá manera de recuperar, aunque sea muy parcialmente.
Al final, la falta de escrúpulos para jugar con las ilusiones y, sobre todo, con el dinero de los madrileños para financiarse su campaña electoral le ha terminado pasando factura a Gallardón. Desde luego, será una factura comparativamente mucho menor a la que soportará durante años la ciudadanía madrileña, pero no deja de haber una parte de justicia poética en el informe del COI.