La mayoría da derecho a gobernar, no a ocupar el territorio económico, social, educativo, comunicacional e institucional democrático de toda una región o un país impidiendo de hecho la alternancia política democrática.
Que puede haber un uso ilegítimo de la mayoría legítimamente obtenida en unas elecciones limpias y democráticas es un hecho. Tal vez la democracia sea el único sistema de gobierno de la historia que admite su propia aniquilación si un gobierno elegido democráticamente utiliza la mayoría de manera ilegítima, rompe las reglas del juego del pluralismo e, incluso desde la misma legalidad, fuerza el surgimiento de otra legalidad diferente que termina con la democracia. Fue el caso del nacionalsocialismo alemán tras las elecciones democráticas de 1933. Aunque su voto descendió ligeramente respecto a las elecciones de 1932, el partido de Hitler fue el más votado consiguiendo 196 escaños de los 580 posibles. La designación de Hitler como canciller podrá ser políticamente discutida, pero nunca ha sido considerada ilegitima. Es decir, Hitler llega legítimamente el poder de un gobierno democrático suscribiendo pactos y acuerdos con otros grupos políticos. Lo que ocurre después es que, poco a poco, a golpes de legalidad consentida por unos y por otros, el partido nazi convierte la República en un régimen de partido único.
Lo mismo podría decirse de la transición desde las dumas democráticas al poder omnímodo del bolchevismo en la Rusia de la Revolución. Caso parecido puede considerarse el comportamiento del Partido Revolucionario Institucional, en su origen Partido Nacional Revolucionario, partido único de hecho desde 1929 a 1990, 51 años, en una supuesta sociedad democrática.
Desde otro punto de vista, las Cortes franquistas consumaron un suicidio político de una gran envergadura política e histórica al aceptar que la mayoría parlamentaria podía, y bien que pudo, sin quebrantar jamás la legalidad, dar origen a un régimen completamente diferente, en este caso, una monarquía democrática y pluralista en la que el jefe del Estado era, nada menos, que el punto de unión entre los dos modelos políticos. Es decir, una mayoría legítima desde el punto de vista del franquismo transitó legalmente desde la dictadura a la democracia, haciendo un uso ilegítimo de su propia legitimidad si se miran las cosas desde los principios éticos y políticos.
Es decir, como podemos observar, se logra transitar de la democracia a la dictadura o de la dictadura a la democracia siempre que la mayoría legítimamente elegida para unos fines traicione dichos fines. Sin embargo, los procedimientos utilizados para consumar esa traición ideológica y política, pueden ser perfectamente legales. Dicho de otro modo, la legalidad que se impulsa puede traicionar, subvertir y terminar con la legitimidad de origen.
En Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, el PSOE lleva gobernando casi 30 años de forma ininterrumpida apoyado, casi siempre, en mayorías absolutas regionales. ¿Puede haberse producido en estas regiones un uso ilegítimo de la mayoría legítimamente obtenida en elecciones democráticas obstruyéndose sistemática, permanente y decididamente el acceso de los partidos de la oposición a los medios habituales en una democracia que hacen posible la alternancia? ¿Puede haber hecho el PSOE un uso ilegítimo de la mayoría de gobierno que permite la democracia? Sí, en la medida en que desde el gobierno, fuente de la legalidad que posteriormente consiente su propia mayoría parlamentaria, se aplica la mayoría para alterar las reglas del juego o se la aplica indebidamente para ocupar territorios impropios de partidos políticos.
Pongamos sólo algunos ejemplos andaluces. El gobierno socialista andaluz se encontró a su llegada al poder con un conjunto de puestos administrativos a cubrir para dar origen a la administración autonómica andaluza. ¿Fue o no un uso ilegítimo de la mayoría obtenida el negarse a convocar oposiciones y el propiciar la entrada de interinos y laborales, a dedo, durante más de 11 años? Naturalmente, el procedimiento utilizado en la burocracia andaluza, incluyendo la enseñanza y la sanidad, pudo consolidar completamente el poder socialista en Andalucía transgrediendo uno de los principios de la democracia, la igualdad de oportunidades y la transparencia del acceso a la Administración Pública.
El gobierno socialista andaluz se encontró en 1982 con un panorama concreto en las cajas andaluzas de ahorro. Salvo la Caja de Jaén, creada por los socialistas desde la diputación, las demás no estaban gobernadas por el PSOE. Cinco años después, todas las cajas menos una, la Caja de Córdoba, eran gobernadas por socialistas o amigos de los socialistas. ¿Qué ocurrió? Pues sencillamente que se aplicó una nueva legislación mediante la cual se "expropiaban" casi todos los derechos a impositores y fundadores de las cajas y se entregaban, especialmente, a los gobiernos de los ayuntamientos controlados fundamentalmente por el PSOE. ¿Fue aquel un procedimiento legítimo a partir de la mayoría absoluta obtenida en las urnas?
Cuando llegó al gobierno el PSOE en 1982, estaban vigentes prensa y radios del Movimiento. Desde su capacidad de actuación, el PSOE montó empresas propias y/o empresas de amigos que compraron gran parte de estos medios con el fin de organizar un poder mediático prosocialista y tras el "traspaso" de la cadena liberal de los Garrigues, la cadena SER, al grupo prosocialista Prisa (gracias a la venta del 25 por ciento de las acciones que el Estado tenía en la cadena), pudo disponer de una gran influencia en la comunicación andaluza.
Y así podríamos seguir en otros apartados como la economía social, las subvenciones sindicales y empresariales, las televisiones digitales...
¿Hay un uso legítimo y democrático de la mayoría obtenida en unas elecciones y un uso perverso de la mayoría legítimamente obtenida en las urnas? Sí. Lo hay porque obtener un 50 por ciento de los votos en unas elecciones democráticas no significa que ello dé permiso o legitimidad para anular a la oposición. Tampoco lo da para quedarse con el 50 por ciento de los quioscos, de las radios, de las televisiones, de las cajas, de los puestos de la administración, de las ONGs o de otros instrumentos institucionales, civiles o de representación.
La mayoría da derecho a gobernar, no a ocupar el territorio económico, social, educativo, comunicacional e institucional democrático de toda una región o un país impidiendo de hecho la alternancia política democrática. Y, en caso de necesidad de legislar sobre alguna regla de juego o elemento básico de la democracia, la mayoría no da derecho a legislar sin consenso. Pero, lamentablemente, eso no se ha hecho ni se hace en Andalucía ni en España cuando ha gobernado y gobierna el PSOE.
Bueno será para toda rana considerar la naturaleza y el carácter del escorpión antes de prestarse a servir de balsa con la que ayudarle a cruzar el estanque. Razón próxima: el estatuto catalán.
