Con algebraico sarcasmo acaba de constatar Manuel Trallero que el Estatut dispone de menos apoyo popular que el Ejecutivo de Afganistán. Números cantan: las tribus pastunes, uzbecas y tayicas, a pesar de jugarse algo más que un dedo por contrariar a los talibanes de allí, han mostrado mayor interés por la salud institucional de su propia Edad Media que los catalanes ante la ampliación de la suya promovida por los bulímicos combatientes de la fe domésticos.
Repárese al respecto en la aritmética de la desolación oculta tras la histriónica charlatanería nacionalista. Porque ni siquiera la mitad de los catalanes con derecho al voto acudió a las urnas el día de autos, cuando el celebérrimo referéndum autonómico. Ni la mitad. Y ello, por la muy sencilla razón de que el nuevo Estatut no le importaba absolutamente nadie. De ahí otra verdad incómoda que ninguna manifestación preventiva podrá maquillar jamás, a saber, el 64,5 por ciento del censo local, es decir la más aplastante y demoledora de las mayorías absolutas, no accedió a ratificar con su sufragio afirmativo un texto que ahora pretenden sagrado merced a su pretendida legitimación en las urnas.
A ese propósito, resucitaba El País del domingo pasado la manida semántica esquizoide que presume "progresistas" a los magistrados del Tribunal Constitucional que avalen pretendidos derechos históricos recién salidos del más profundo Medievo, y rancios "conservadores" a los que, por el contrario, apoyen sus razonamientos jurídicos en el concepto de soberanía que acuñó la Revolución francesa. Así, a la luz de esa gramática parda, alertaba del riesgo que, según sus filtradores, correrían en la sentencia definitiva tanto el término "nación" como la universal obligación de conocer el catalán.
En fin. Es el primero un asunto que, dada la manifiesta indiferencia de los catalanes, sobre todo, habría de inquietar a Javier Arenas, el padre putativo de la grotesca "realidad nacional" que asoma en el Preámbulo del Estatuto de Andalucía. Más enjundia, de ser cierto lo publicado, encierra la otra amputación. Resulta que el mismo Tribunal que avaló la inmersión obligatoria, es decir, la prohibición fáctica de utilizar el español en la enseñanza, evitaría ahora que jueces y magistrados hubieran de pasar por idéntico tubo. Con el corporativismo de las puñetas hemos topado, amigo Sancho. Acabáramos.