País sin garantías

Si usted es un ciudadano normal, es decir, que paga cuantos impuestos le echan encima, respeta las señales de tráfico y ni por pienso se le ha ocurrido maltratar o asesinar a la prójima, cuando reciba una citación judicial, por muy variopintos motivos, lo más probable es que le entre la tembladera o, como mínimo, se sienta incomodísimo e inquieto y sea exquisito en la obediencia al mandamiento certificado que, con su prosa mala, pero despectiva y mandona, le conmina a esto y lo otro. Pero eso es usted.

Otros españoles viven el trance de muy diferente modo: si Su Merced es más que proetarra y sobre su persona recaen fundadas sospechas de estar apoyando y ayudando a la banda, bastará con que alegue estar de vacaciones para que el juez citante –ése, sí, el de las cacerías, las charlas subvencionadas a millón y con eterna bula entre sus compadres para hacer lo que le dé la gana– sea comprensivo y solícito con usted, porque tampoco es cosa de obligarle a cambiar bañador y cocochas por la espera en un pasillo de juzgado; y, sin salirnos de la misma tropa, si usted anhela quedar embarazada, recibirá un trato cariñoso de la Justicia, que la pondrá en la calle, a ver si hay suerte; pero si, a fortiori, se apellida Sánchez Manzano y anda de crucero –o eso dicen– por el Mediterráneo, tampoco deberá acudir a declarar en calidad de nada hasta que la nave atraque en buen puerto y el mes de agosto concluya: en la lentitud reside la paz del alma, dicen los árabes.

Podríamos ponernos mucho más trágicos y airados –tal vez debemos– recordando cómo jueces, policías, políticos, periodistas se esfuerzan por velar las caras, reducir su nombre a iniciales y proteger el honor de criminales inmundos que han violado y asesinado a niños, que han organizado y practicado el crimen de estado o que, desde altos cargos oficiales trincaron cantidades de vértigo, o bien para su partido o pro domo sua, o ambos, que es lo más corriente: no se puede poner en la picota ni se deben hacer juicios paralelos, sambenitos y linchamientos son derivas medievales que un Estado moderno, octava potencia económica mundial y Faro (laico) de Occidente no puede consentir. Según de quién se trate, claro.

¿Recuerdan aquello de no estigmatizar a González llamándole a declarar? Creó escuela. Así pues, si Su Señoría es etarra, empleado de la Pesoe, inmigrante tercermundista o asesino de la peor calaña (hay algunos grupos más), descanse tranquilo y vaya o no vaya, a su aire, porque lo de inquietarse por la Justicia con usted no va.

En estos días, los actuales dirigentes del PP andan medio encabritados –poquito– por el trato humillante y vejatorio propinado por la Policía a varios de sus militantes en Mallorca, y con la coda final del recochineo de Rubalcaba asegurando que él había dado órdenes contrarias: hace bien en coñearse cuando enfrente tiene lo que tiene. Comprobamos la primera muestra fehaciente de las intenciones de la Pesoe en la imaginaria agresión a Bono, al detener de mala manera a dos afiliados al PP, que pasaron despavoridos por la comisaría, por tratarse de dos de esos ciudadanos normales más arriba mencionados, pero también asistimos al primer indicio de las nuevas, suaves y tiernas brisas que ya se mecían sobre el PP: nada más saberse del supuesto incidente, Mariano Rajoy y varios connotadísimos periodistas de la derecha –¿recordamos los nombres?– perdieron el trasero por condenar tal vandalismo y bla, bla, bla. Todavía estamos esperando que algún dirigente de la Pesoe condene la cacería bestial desarrollada contra militantes y altos cargos del PP desde el Prestige y la guerra de Irak, con culminación en la tarde del 13-M de 2004. Y añadan cuantos casos gusten, que son de sobra conocidos.

¿Quién puede creerse que en España hay garantías jurídicas, separación de poderes, igualdad de todos los ciudadanos ante la ley? Yo, desde luego, no.