Sólo a un Gobierno tan empobrecedor y liberticida como el que padecemos se le puede ocurrir la delirante idea de querer acabar en España, y en plena crisis económica, con una "institución" tan arraigada y generadora de riqueza como son los chiringuitos de playa. Me parece por ello muy bien que Rajoy se haya solidarizado con ellos y que nos haya anunciado en un video de la página web de su partido su intención de visitar alguno de estos establecimientos turísticos durante sus vacaciones veraniegas.
Ahora bien. Lo que ya no me parece tan apropiado es dar a conocer las gravísimas acusaciones que ha hecho Cospedal sobre las escuchas ilegales que supuestamente está padeciendo su partido, también a través de un video veraniego en el que no se aportan pruebas y en el que la propia secretaria general del PP parecería que acabara de subir de la playa, mientras Rajoy continúa aun en el chiringuito. Más aun después de haberse producido el "ensañamiento" y la "humillación" en la detención de los cargos del PP supuestamente implicados en el caso Palma Arena.
Sólo, pues, en este sentido podemos y debemos darle la razón a la socialista Elena Valenciano, cuando reprueba a Rajoy por dedicarse a "pescar y tomar cañas en el chiringuito" mientras su partido "pone en jaque a todas las instituciones democráticas del Estado de Derecho".
Naturalmente quien "pone en jaque" a las instituciones del Estado es quien las utiliza para combatir políticamente a su adversario político. Quien las "pone en jaque" es quien, haciendo caso omiso a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ordena arrestar y tener tres días en los calabozos a quienes se les imputa delitos que, en alguno de los casos, ni siquiera están castigados con penas de reclusión. Quien "las pone en jaque" es quien ordena esposarlos mano derecha con derecha, y exhibirlos de forma tan insólita y humillante que, tal y como han denunciado los sindicatos policiales, ni siquiera se utiliza en el caso de detención de terroristas. Quien también las "pone en jaque" es quien, como la vicepresidenta De la Vega, nos anuncia desde Costa Rica qué recursos contra cargos del principal partido de la oposición va a plantear la fiscalía cuando esta todavía aun no se ha pronunciado. Quien las pone en jaque es quien, como el Fiscal General del Estado, no mueve un dedo y considera "normales" y "acordes con la libertad de expresión" unas filtraciones que –se supone– están consideradas como delito de revelación del secreto del sumario. Quien las pone en jaque es quien, como el Fiscal General del Estado, actúa o no contra partidos proetarras en función de su "conveniencia a la jugada" política del Gobierno.
Yo no se si cargos del PP están o no siendo espiados ilegalmente. Lo que sí se es que bajo este Gobierno han sido injustamente detenidos militantes del PP por el mero de serlo, y de que hay antecedentes probados de "escuchas ilegales" en el pasado que, no obstante, no pueden servir de prueba en el presente. Tampoco sé si Garzón ha autorizado escuchas a miembros o al entorno del PP en el caso Gürtel. Lo que también sé es de su escaso interés por incidir en casos de corrupción que puedan afectar al partido por el que se presentó como numero dos por Madrid; un interés tan escaso como el que ha demostrado por averiguar quien hay detrás del chivatazo policial a ETA en los tiempos en que la banda negociaba con el Gobierno de Zapatero.
En cualquier caso, por poca que sea la credibilidad que le demos a Zapatero, y por mucha que se la queramos dar a Cospedal hasta en traje de baño, no son de recibo ni acordes a la solemnidad ni gravedad de sus acusaciones ni su vídeo ni las nulas pruebas aportadas en él. Y menos aun que, después de estas detenciones, propias del peor "Estado policial", Rajoy no haya interrumpido sus vacaciones para ponerse al frente de la denuncia.
Pero ya ven. Con la que le está cayendo a su partido, Rajoy parece que sólo está para pedir "otra de espetos".