Un plan mejor para reformar la sanidad

En 1986, Ronald Reagan y Bill Bradley alumbraron un milagro legislativo. Modelaron una reforma fiscal que despojó al sistema fiscal de lagunas, pagos de favores, sobornos, clientelismo y demás formas de corrupción. Con el ahorro que supuso, rebajaron los tipos de todo el sistema tributario. Estas reducciones, acompañadas de la eliminación de las enormes ineficiencias y los perversos incentivos a acudir a un refugio fiscal ayudaron a impulsar un periodo de crecimiento económico que duró 20 años.

A la hora de revisar la legislación de cualquier sector de nuestra economía, la reforma fiscal de 1986 debería ser el referente. Sin embargo los demócratas hoy en el poder proponen corregir nuestro sistema sanitario, de calidad extremadamente elevada (pero ineficiente, y por tanto caro) con 1.000 páginas de alambicadas complejidades extra –obligaciones a los empresarios y a las aseguradoras, fórmulas de redistribución de recursos, favores políticos y una miríada de reglamentos e intervenciones más– con la promesa sin base alguna de que esta mezcla va a rebajar el coste.

Todo esto es demencial. Crea una máquina de Rude Golberg; un sistema extremadamente complejo destinado a realizar una tarea extremadamente sencilla. Una máquina que multiplica la ineficiencia y arbitrariedad ya existentes, dando lugar a un déficit brutal recortando las opciones y rebajando la calidad de la atención sanitaria. Por eso la administración no puede venderle a nadie el ObamaCare.

La defensa de la administración consiste en acusar a sus críticos de estar a favor del estatus quo. Chorradas. Tanto el candidato John McCain como un buen número de republicanos han ofrecido otras alternativas. Permítame ofrecer la mía: eliminar los motivos del actual derroche sin rehacer la sexta parte de la economía estadounidense. El plan es tan simple que hasta carece de las tres partes de rigor. Sólo tiene dos: una reforma radical del sistema de responsabilidad civil por negligencia y una ruptura total de la relación entre seguro médico y puesto de trabajo.

Reforma de la protección por negligencia: Como he escrito recientemente, nuestro demencial sistema de demandas arbitrarias por negligencia termina provocando acuerdos de conciliación realizados exclusivamente para no llegar a juicio. Esto incrementa el precio de las pólizas por mala praxis de todos los médicos y dan lugar a una epidemia de medicina defensiva que no supone ninguna mejora a los pacientes, pero que cuesta una fortuna.

Un estudio de peso realizado por el Colegio de Médicos de Massachusetts concluye que cinco de cada seis médicos reconoce pedir pruebas, análisis y recomendaciones de otros especialistas –por un valor que ronda el 25 por ciento del importe total– sólo para protegerse frente a las demandas. Según estimaciones del liberal Instituto de Investigaciones del Pacífico, la medicina defensiva frente a posibles demandas supone un derroche de más de 200.000 millones de dólares al año. Sólo la mitad de esa suma aportaría un subsidio sanitario de 5.000 dólares –20.000 en el caso de una familia de cuatro miembros– a los ciudadadanos estadounidenses sin seguro ni derecho a otro tipo de asistencia pública.

¿Qué hacer? Suprimir por completo el sistema de protección por negligencia médica. Crear un nuevo fondo social al que las personas perjudicadas por errores médicos o accidentes en el ejercicio de la profesión pueda acogerse. La adjudicación sería realizada por profesionales de la medicina, no por jurados que se dediquen a repartir premios de lotería a instancias de picapleitos de verbo fácil estilo John Edwards, que se embolsan la tercera parte de las ganancias.

El fondo se financiaría a través de un impuesto relativamente bajo deducido de todas las pólizas de seguro médico. Se socializar el riesgo eliminando a los picapleitos de la ecuación. ¿Haría a los médicos inmunes frente a sus propios descuidos o negligencias? No. El castigo sería perder la licencia para ejercer. No hay nada más disuasorio que perder una década de formación médica intensa y cara, y el medio de vida que trae consigo.

Reforma real del seguro médico: Gravar las prestaciones sanitarias pagadas por las empresas y devolver el dinero a los trabajadores con un cheque del Gobierno destinado a que cada uno se pague su propio seguro médico, igual que todos pagamos nuestro propio seguro del hogar o del coche.

No hay ninguna razón lógica para que sea el empresario quien pague el seguro médico. Todo este sistema es un accidente producto de los controles de salarios y los precios de la Segunda Guerra Mundial. Es económicamente absurdo. Hace que la gente siga trabajando en puestos que odia, disminuye la movilidad laboral y, por tanto, la productividad global. Y aumenta innecesariamente la ansiedad de perder el trabajo al despertar el fantasma adicional de arruinarse a causa de alguna enfermedad.

La deducción por seguro médico es la mayor desgravación fiscal del presupuesto estadounidense entero, que cuesta al Gobierno un cuarto de billón de dólares anual. Dificulta la seguridad y portabilidad del seguro médico, así como la independencia personal. Si además eliminamos la prohibición de suscribir seguros médicos en otros estados, inyectaríamos competencia al sistema y reduciríamos los costes a todos.

Derogar la exención tiene un defecto fatal, no obstante. Es una medida defendida por el candidato John McCain. Obama se cebó demagógicamente tanto con ella el año pasado que no puede plantearlo ahora sin ser acusado de la más extrema hipocresía y sin ser atacado sin piedad con sus propios anuncios de 2008.

Pero eso es un problema político que el propio Obama se ha buscado. Como lo es la impagable deuda del Partido Demócrata con los picapleitos, que descarta por completo la reforma del sistema de negligencia. Pero eso no cambia la lógica de mi propuesta. Hay que seguir la vía Reagan-Bradley. Ofrecer una reforma sensata y simple pero radical que elimina el derroche del sistema existente antes de sumar los nuevos derroches del ObamaCare, un conjunto de invenciones arbitrarias motivadas por el clientelismo político cuya consecuencia es una ruina financiera garantizada.