Una ofensiva criminal

Pocas veces hemos visto una ofensiva tan amplia y tan feroz como la que se está desarrollando contra el Gobierno de Honduras. Recientemente, en la XV reunión del Movimiento de Países No Alineados, Raúl Castro exigió el restablecimiento de José Manuel Zelaya alegando que su deposición había sido "un golpe de estado a un gobierno constitucional". Increíble.

Fidel y Raúl Castro encabezaron, durante más de veinte años, la lucha armada para derrocar a los gobiernos constitucionales de América Latina. ¿De dónde sale esta súbita preocupación por la legalidad constitucional? ¿Y acaso no siguen tratando de echar abajo las constituciones democráticas para facilitar, desde el poder, el establecimiento de nuevas dictaduras? ¿No era eso precisamente lo que pretendía Zelaya? ¿No fue a eso a lo que se opusieron el Congreso, la judicatura, las fuerzas armadas, la Iglesia católica, las protestantes y las organizaciones de la sociedad civil de Honduras? ¿Cómo es posible ignorarlo?

Es cierto que el problema de Honduras gira alrededor de un golpe de Estado. Pero el único y verdadero golpe de Estado fue el que intentó Zelaya contra la democracia hondureña. Que los hondureños lo hayan frustrado es lo que ha exasperado a los Castro y compañía. Lamentablemente, el Gobierno de Obama está en la misma frecuencia de Castro y Chávez. Está presionando duramente a Honduras. Le ha suprimido la ayuda militar y le ha retirado las visas a los dirigentes del Gobierno provisional, incluyendo la del magistrado del Tribunal Supremo que ordenó el arresto de Zelaya. Honduras es un país pequeño y pobre. ¿Cómo va a poder resistir los ataques de Chávez y de sus millones, las presiones de Zapatero y de la Unión Europea, y la ofensiva del Gobierno de Estados Unidos? Es un bochorno. Sería realmente criminal regalarle un triunfo al movimiento revolucionario justamente cuando los Castro y Chávez están en crisis.

La dictadura cubana es más débil que nunca. Allí un médico gana 600 pesos al mes y un policía 900. Y no es por gusto que prioricen la represión. La iniciativa de los municipios de oposición pudiera cambiar a corto plazo toda la situación política cubana. Opositores como Gerardo Páez Díaz, Juan Eduardo Cevallos Ramos y Mileisis Vigoa en Artemisa, Gerardo Sánchez y Pedro Antonio Alonso en Santiago de Cuba, José Agramonte Leyva y Librada Álvarez en Camagüey, y Jorge Luis García Pérez, Antúnez, y Blas Augusto Fortún en Placetas están entre los primeros de un movimiento que se está extendiendo por todo el país. Y la dictadura no sabe qué hacer.

Chávez, por su parte, ha retirado su embajador en Bogotá. Su pretexto ha sido que los colombianos habían denunciado que Venezuela le había comprado armas a Suecia, incluyendo lanzacohetes, que luego habían aparecido en manos de las FARC. Pero esto, aunque importante, es secundario. Lo que lo tiene aterrado es que el Gobierno de Uribe haya accedido al establecimiento de nuevas bases militares norteamericanas en Colombia para combatir el narcotráfico.

No es para menos. El Congreso de Estados Unidos acaba de publicar un informe devastador para Venezuela. "Los hallazgos de este informe aumentan mi preocupación de que la negativa de Venezuela a colaborar con Estados Unidos en la persecución del narcotráfico es debida a la corrupción existente en el Gobierno de ese país", afirmó el senador Richard Lugar, el republicano de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que encargó la elaboración de este documento a la Oficina de Fiscalización General (GAO) del Congreso, en un esfuerzo por confirmar los datos del Departamento de Estado sobre el incremento del narcotráfico en Venezuela.

De 2004 a 2007 la cantidad de cocaína producida en Colombia y salida desde Venezuela se ha más que cuadruplicado, pasando de 60 a 260 toneladas por año. Esa cifra representó, según el informe, el 17% de toda la cocaína producida en el mundo en 2007.

Obviamente, las bases norteamericanas en Colombia podrían vigilar muy estrechamente el movimiento del narcotráfico en Venezuela. Y esto saca a Chávez de sus casillas. Uno se pregunta, ¿por qué oponerse a la lucha de EEUU contra el narcotráfico? ¿Por qué cerrar las bases americanas dedicadas a esa tarea? ¿Qué tiene que ver eso con ningún antiimperialismo? ¿No es legítimo preguntarse cuánto no estarán dispuestos a pagar los narcotraficantes para que se cierren las bases americanas dedicadas a la lucha antinarcóticos? ¿Acaso no habrá gobernantes latinoamericanos que, con el pretexto del antiimperialismo, estén ayudando a los narcotraficantes y haciéndose fabulosamente ricos en el proceso? ¿No es un tema digno de reflexión?