Más que la inocencia procesal, lo que acaba de establecerse de forma indubitada con la comedia bufa de los trajes es la impropia candidez política de Francisco Camps. He ahí el veredicto final, su sentencia firme, inapelable ya, la que podría abocarlo a permanecer enclaustrado de por vida en ese circuito subalterno de la Segunda B que representa la política regional. Y es que nadie pretendía de él que se condujera con la legendaria observancia del gran emperador Adriano, quien, fuera en las nieves célticas o con los calores egipcios, siempre anduvo descalzo, sólo bebía posca, la amarga mezcla de agua y vinagre propia de las legiones romanas, y prohibió la púrpura y los bordados de oro, así como todas las ropas colgantes, bajo la amenaza de rigurosos castigos a los infractores.
Pero sí se esperaba que, al menos, Camps fuera capaz de identificar el peligro cierto que encierran los aduladores profesionales que, infalibles, revolotean en torno a la gente con algún poder. Es lo mínimo exigible a un gestor público: que sepa extremar el celo a la hora de seleccionar a sus amiguitos del alma. Como igual debe eludir expresiones del tipo "tengo unas ganas locas, locas, locas de explicarme", locución de recibo en gentecilla de la cuerda de Belén Esteban o Pipi Estrada, pero ridícula en boca de una autoridad del Estado. Al cabo, torpezas escénicas como ésa son las que lo han conducido al borde mismo de un casting de Berlanga, pese a la irrebatida probidad de todos sus actos de gobierno. Como ésa, o como la desmesura histriónica de apelar nada menos que a Martin Niemöller y el Holocausto –"Primero fueron por los comunistas..."– a cuenta de un par de simples horteras compinchados para hacer una "pastuqui" vía concesiones y contratas.
Por lo demás, el genuino calvario político de Camps, lejos de extinguirse, comienza ahora. Pues político, y nada más que político, es ese supremo tribunal llamado a decidir sobre el recurso que De la Vega acaba de interponer en nombre de la Fiscalía. Esperpento de esperpentos: unos señores magistrados del Supremo, todos ellos nombrados a dedo por el partido del Gobierno, habrán de decidir sobre la presunta falta de objetividad e independencia de un tercero. Si Max Estrella levantara la cabeza...