Los recientes sucesos acaecidos en Honduras nos ponen ante el dilema de reconocer los límites de la democracia o crear un mito sobre ella y olvidar que es solo un sistema que, como dijo Churchill, es el menos malo exceptuando todos los demás.
En el caso de Honduras, un Presidente democráticamente elegido decide saltarse las normas constitucionales y las instituciones para proponer su propio programa personal vía un referéndum anticonstitucional.
En suma, nos encontramos ante el enfrentamiento de una democracia representativa e indirecta, conocida y practicada por los países desarrollados, regida por normas jurídicas establecidas ex-ante (el rule of law, en su expresión inglesa) y que ha demostrado ser condición esencial del desarrollo económico, frente a una democracia semi-directa, con partidos políticos inexistentes, desarticulados o disgregados, carentes de una estructura y plan orgánico que les permita ser verdaderos cauces de representación.
Este tipo de democracia con experiencias esporádicas en la historia y cuyos resultados han sido gobiernos totalitarios y subdesarrollo económico es al que suelen apelar algunos gobiernos populistas, en particular en América Latina, para imponer proyectos personales, al margen de las reglas del juego, sirviéndose de las debilidades que ofrece toda "acción colectiva", recurriendo a las llamadas "fuerzas vivas" y bajo el pretexto de una presunta "voluntad popular".
Si bien es cierto que entre calidad democrática y desarrollo económico no siempre existe una relación directamente proporcional, no es menos cierto que un desarrollo económico sólido y sostenible en el tiempo no puede existir sin una férrea calidad institucional.
En Honduras no ha habido, en términos jurídicos, un golpe de Estado, sino una actuación de las autoridades para garantizar el orden constitucionalmente establecido y el cumplimiento de la ley. El ahora depuesto presidente Zelaya pretendía saltarse las normas para perpetuarse en el poder a través de mecanismos "paralegales" e imponer su propio proyecto. Lo que ha hecho el ejército, que junto con los partidos políticos, es una institución más del sistema democrático, es cumplir el mandato constitucional de hacer cumplir la Constitución y la ley.
La pregunta que ahora queda en el aire es porqué se ha obligado al Presidente Zelaya a abandonar el país, en lugar de arrestarlo, como correspondía, si, como era el caso, había violado la ley y la Constitución. Ésta es la pregunta que debería responder, explicar y comunicar con claridad el actual presidente provisional a la Comunidad Internacional, para justificar la medida adoptada "in extremis".
Lo que ha hecho la OEA (quitar a Honduras del seno de su organización) resulta en cierto modo paradójico, por no decir incoherente, si pensamos que hace muy poco tiempo atrás ha permitido el ingreso de CUBA, un país donde los derechos humanos no brillan por su respeto.
La democracia, no es perfecta, tiene sus límites, y reconocerlos ayudará mucho en el actual estado de relaciones internacionales, y, en particular, en las relaciones de los países del mundo desarrollado con los ahora llamados, en una forma algo eufemística, "países emergentes" cuyas democracias, por a relación que señalábamos al principio, también suelen ser emergentes.
Mariano Carbajales
Doctor en Derecho