Por fin, contra Garzón

Los desmanes del juez campeador han sido muchos y, desde luego, no es su causa general contra el franquismo el más grave, aunque sí quizá el más claramente punible. Y es que la prevaricación, dictar una resolución injusta a sabiendas, es un delito que sin duda se comete mucho más de lo que se condena, porque es especialmente difícil de probar. Especialmente cuando no está acompañado del cohecho, es decir, cuando no existe prueba alguna en dinero contante y sonante. Y es que, a falta de otros indicios, sería necesaria la telepatía para averiguar si la equivocación se cometió a sabiendas o fue simplemente eso, un error.

 

Ha existido, no obstante, una excepción en la jurisprudencia española. Hubo un juez al que se condenó por prevaricación sin que existiera ninguna prueba en su contra sino tan sólo, como dijera el ejemplar voto discrepante de Pablo Manuel Cachón a la decisión del Tribunal Constitucional de denegarle el amparo, una "convicción provisional y anticipada sobre la existencia del delito imputado y la culpabilidad del recurrente".

Fueron dos jueces los que, violando todas las garantías procesales y el derecho a un tribunal imparcial, condenaron a Javier Gómez de Liaño. Uno de ellos, García Ancos, acaba de declarar que "no le gusta mucho" la imputación por prevaricación a Baltasar Garzón", que estas investigaciones son "muy delicadas" y que a los jueces "hay que respetarlos más". Palabras todas ellas que podrían resultar comprensibles en cualquier otro magistrado, pero que en el caso de García Ancos demuestran hasta qué punto algunos jueces consideran que la justicia no debe ser ciega, sino que ha de mirar muy bien a quién se aplica.

El caso de Baltasar Garzón, como todos los de prevaricación sin cohecho, parecería en principio sumamente difícil de probar. No basta tener la plena convicción de que el juez estrella sabía perfectamente lo que hacía; hay que demostrarlo. Es decir, hay que probar que Garzón era totalmente consciente de que sus actuaciones eran ilegales porque los delitos habían prescrito; porque las leyes penales no son retroactivas y no pueden aplicarse a hechos ocurridos antes de su promulgación; porque no puede abrirse un proceso penal contra personas fallecidas –suponemos que nadie pretenderá que nos creamos que Garzón no sabía que Franco ya murió–; porque en sus actuaciones se estaba saltando a la torera la Ley de Amnistía, etc.

Pese a que parece de sentido común que, efectivamente, Garzón sabía de sobra todo esto, el juez podría alegar simplemente ignorancia. En tal caso, el CGPJ tendría que decidir si es posible mantener en un tribunal tan importante a alguien que desconoce el ABC de su profesión. Pero es que incluso esa defensa resulta débil. Al fin y al cabo, el propio Garzón empleó alguno de estos argumentos en su propio auto de inhibición, como es el hecho de que sí, Franco había muerto hace más de treinta años.

En vista de indicios tan claros, resulta comprensible que el Supremo haya adoptado por unanimidad la decisión de admitir a trámite la querella de Manos Limpias e imputar al juez Garzón. Otra cosa es que llegue a sentarlo en el banquillo. En cualquier caso, el CGPJ debería suspender cautelarmente al juez mientras tanto. Ojalá sea así, y su sustituto sea más diligente a la hora de investigar asuntos como el del chivatazo.