Mal comienza, muy mal, la ronda de encuentros de González-Sinde para dar con un supuesto "modelo sostenible" en lo relativo a la cultura en la red (léase, las descargas de archivos). La ministra ha dicho comprometerse a "hacer que internet sea compatible con todos los intereses". He ahí el primer problema, el papel del Ejecutivo no debería ser el de proteger los intereses de unos u otros, o hacer que estos colisionen lo menos posible entre sí. El único rol que le debería corresponder al Estado y sus poderes es justo lo contrario: la garantía efectiva de que no se vulneran los derechos de los ciudadanos –que es algo muy diferente a "crearlos"– y la igualdad de estos ante la ley.
Además, la ronda comienza con una tomadura de pelo. Para que resultara más evidente qué intereses quiere proteger en realidad, la ministra podría haberse reunido con las entidades de gestión de derechos de autor (nos referimos a que lo hiciera en público). En privado es más que probable que haya tratado ya con ellas estos temas, ya que al fin y al cabo perteneció a la junta directiva de una, además de haber sido presidenta de la Academia del Cine. Si lo que pretendía era disimular, podría haber comenzado por las organizaciones de internautas. Posiblemente no les hiciera demasiado caso, pero al menos se vería obligada a escuchar argumentos que probablemente no le gusten.
Sin embargo ha decidido empezar con los supuestos representantes de los consumidores y usuarios. Y son tan sólo "supuestos" por un doble motivo. En primer lugar, las organizaciones que se definen de esta manera tan sólo representan a sus miembros, nunca al conjunto de los ciudadanos (todas las personas son usuarias y consumidoras de todo tipo de productos y servicios). En segundo término, por el hecho de que con quien se ha reunido González-Sinde es con el Consejo de Consumidores y Usuarios, una entidad adscrita al Ministerio de Sanidad y Consumo. Es cierto que en él están representadas las principales asociaciones del país y que son ellas quienes eligen al presidente. Pero también es verdad que la elección es a propuesta del ministro del ramo.
La actual presidenta de esta entidad es la ex senadora y ex diputada europea Francisca Sauquillo, con lo que su función política es más que evidente. No se puede pretender que una ex legisladora del PSOE nombrada para su actual cargo a propuesta del Gobierno tenga algo parecido que ver con la independencia. Así, la ronda de contactos de González-Sinde ha comenzado con una gran mascarada. El Gobierno se ha reunido consigo mismo y nos tratan de hacer creer que lo ha hecho con los usuarios. La guionista metida a ministra habla de "todos los intereses", pero resulta evidente que tan sólo le preocupan los del Ejecutivo y los de sus palmeros del autodenominado "mundo de la cultura". Y, casualidades de la política, estos se corresponden con los suyos propios.