Lo he escrito en más de una ocasión: sólo se puede entender la deriva política de Cataluña si se parte de la hipótesis de que el catalanismo político actúa como si fuéramos un Estado. El incomprensible desprecio a la Constitución española de la Ley de Educación de Cataluña, visto desde esa perspectiva, nos hace comprensible lo que a menudo no lo es.
Con la aprobación en comisión de esta ley el pasado 7 de mayo, se cierra un ciclo histórico presidido por la simulación y la exclusión y se abre otro de imposiciones legales y sanciones a cara descubierta. El fin es el mismo: Hacer de la lengua catalana la única lengua institucional, y utilizarla como instrumento de construcción nacional. Los derechos castellanohablantes quedan definitivamente fuera de la ley. Todos esos derechos se reducen a dar la asignatura de castellano como si fuera una lengua extranjera, aunque con una hora menos que el inglés.
No hay en ella respeto alguno por las leyes orgánicas del Estado ni por la Constitución. O si quieren, ignoran por completo las leyes superiores del Estado. En materia lingüística blindan la inmersión y legislan la exclusión cultural. Era necesario invalidar las sentencias de los tribunales de justicia que, en el 2008, cuatro sentencias (tres del TSJC y una del Tribunal Supremo) obligaban al Gobierno de la Generalitat a respetar los derechos lingüísticos de los catalanes. Y sólo lo podían hacer por ley. Y la hicieron. A eso se ha reducido su precipitación en aprobarla, ya que, de entrar el próximo curso sin ella, obligaría al Gobierno de la Generalitat a acatar el deber de cumplir las sentencias. Así, con la LEC, se las saltarán. ¡Viva la separación de poderes!
El apartado de régimen lingüístico es un tratado de racismo cultural. Lo saben, lo ocultan, lo adornan; pueden hacerlo, hay una mayoría política que lo busca y una mayoría social que lo calla. Importa ya poco por qué. Pasó el tiempo de la comprensión, hay demasiados cómplices. A partir de ahora, la cruda imposición sin miramientos que nos espera y la fabricación en serie de buenos nacionalistas en la factoría de la escuela cuarteará definitivamente la cohesión sentimental de España. La legal se hace con leyes como ésta. El resto vendrá sólo.
Estamos ante un tiempo histórico decisivo y posiblemente irreversible para el porvenir de una nación de ciudadanos libres e iguales. La irresponsabilidad del Tribunal Constitucional al retrasar ya tres años la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, está haciendo posible una retahíla de leyes, como la LEC, fuera de la Constitución pero dentro del Estatuto. Dicho de otra manera, buena parte de la inconstitucionalidad de la LEC no nace de legisladores torpes o golpistas, sino de su ajuste a un Estatuto fuera de la Constitución. La responsabilidad de los magistrados del más alto de los tribunales, carece de cualquier justificación. Por el contrario son y serán responsables de las frustraciones nacionalistas tanto si finalmente ciñen el Estatuto a la Constitución, como si, al dejarlo intacto, o en su defecto, dejar su articulado a merced de la interpretación, permiten que las leyes inspiradas en él excluyan a miles de Ciudadanos por cuestiones lingüísticas, culturales y fiscales.
A nadie se le escapa que ese Estatuto pro-soberanista sólo fue posible por la intervención torpe y adolescente de un presidente español que ha puesto a toda una nación a merced de conflictos futuros por su necesidad de ser querido. Es tan necio en su ignorancia de lo que provoca, tan directa su intervención en la exclusión de los derechos lingüísticos de miles de ciudadanos españoles por calmar su complejo mesetario con carantoñas a los nacionalistas, que cada vez que una ley como ésta excluye alguno de nuestros derechos en Cataluña, nadie debería culpar a la LEC, sino a los magistrados del Tribunal Supremo por no cortar a tiempo los excesos del Estatuto de Cataluña, al propio Estatuto por permitirlo y, sobre todo, a Rodríguez Zapatero por provocar su aprobación.
Ahora sólo nos queda esperar. No sólo Cataluña, toda España aguarda inquieta la decisión del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Que nadie se engañe: el régimen lingüístico que se está imponiendo en la actual ponencia del proceso legislativo de la LEC es el último y definitivo acto para convertir a los ciudadanos castellanohablantes en ciudadanos de segunda, y en el inicio sin retorno de un proceso pedagógico generalizado y legislativamente legitimado para educar en los valores narcisistas y excluyentes de la nación catalana a las actuales y futuras generaciones de estudiantes. El sueño de todos los totalitarismos tantas veces fracasado en la historia al alcance de una generación de gobernantes democráticos que deberían ser desenmascarados ¡ya!, ¡ahora!, ¡inmediatamente! Se acabó el tiempo. Todo puede ser irreversible mañana.
Un ejemplo nos bastará para entenderlo: la final de Copa entre el Barça y el Atlético de Bilbao. Los responsables de TVE, ante el anuncio de grupos nacionalistas de boicotear el himno nacional español, decidieron manipular imagen y sonido para evitar el rechazo. Se trataba de maquillar la realidad y de suplantarla por otra edulcorada. ¡Intolerable! La manipulación no es mala por la corrección o incorrección de los contenidos, sino por su existencia. Su interpretación ha llevado a excluir durante años a quienes denunciábamos la instrumentalización de la escuela y de los medios públicos de comunicación dominados por los nacionalistas para engordar sentimientos identitarios como los que decidieron boicotear el himno español. Ahora es demasiado tarde para evitar esa realidad, y cuando en su irresponsabilidad adolescente aparece convertida en rechazo a lo que constitucionalmente nos representa a todos, han de recurrir también a ocultarla. Intolerable. En vez de cumplir con su obligación de haber dado cobertura a las denuncias cívicas contra la LEC y el Estatuto que la odontología periodística exige en proporción a su rechazo, se han dedicado a excluirlas, incluso a criminalizarlas. En los medios públicos dominados por los nacionalistas tenemos sobrada y amarga experiencia. Aún están a tiempo para rectificar dos errores descomunales. Uno, el democrático: la libertad de expresión es sagrada si está dentro de la ley, y segundo, es preciso una prensa libre de feudos y pactos. La prensa ha de ser libre, pero para que ella lo sea, es imprescindible que los periodistas no dependan del poder de turno.
Toda una nación de ciudadanos libres e iguales pendientes de 12 magistrados del Tribunal Constitucional. Si este Tribunal de Tribunales legitima el actual Estatuto de Cataluña, la casi totalidad de los argumentos legales y éticos que hemos venido defendiendo para denunciar el abuso nacionalista, dejarán de ser razones jurídicas para convertirse en lamentos patéticos. Tener sentido del alcance de esa dimensión dramática que amenaza a la España constitucional es imprescindible para tomar conciencia de la inmensa torpeza de nuestro presidente José Luis Rodríguez Zapatero... y actuar en consecuencia.