La supresión de la publicidad en los canales de Televisión Española y su financiación a través del erario público y de dos nuevos impuestos, uno que pagarán las televisiones privadas y otro sufragado por todos los usuarios del teléfono o de Internet, es un abuso intolerable que merece la reacción inmediata y rotunda de la sociedad civil y la oposición.
Con una deuda que sobrepasa el billón de las antiguas pesetas, RTVE es un gigantesco esqueleto pestilente y carcomido por la politización, los enchufes y el nepotismo que gobiernan esa casa y un puñado de estudios y productoras que viven exclusivamente de la vampirización del presupuesto de la Corporación. Además, en la actualidad no existe ningún contenido ofrecido por RTVE que no esté disponible en los operadores privados, siempre a un coste menor y con frecuencia de calidad muy superior.
En estas condiciones, no hay ninguna razón que explique la pervivencia de RTVE y sus imitaciones regionales salvo el afán de los políticos por diseñar unos servicios informativos a su medida y recompensar mediante contratos y subvenciones a quienes prostituyen su poco o mucho talento al servicio de una causa partidaria.
Ahogados por una legislación que impide que expandan sus operaciones, usen las economías de escala o aprovechen las sinergias creadas por los acuerdos de colaboración con otros operadores, en los últimos meses varios medios de comunicación privados se han visto obligados a reducir sus plantillas, con el consiguiente desencadenamiento de una crisis en todo el sector.
Ante esta grave situación, que podría producir una merma en la pluralidad y variedad de las fuentes de información, formación, opinión y entretenimiento de los ciudadanos, el Gobierno ha optado por reforzar el sector público asestando otro golpe al mercado y a la iniciativa empresarial. Por tanto, hace bien la Asociación Española de Operadoras de Telecomunicaciones al calificar la iniciativa del Ejecutivo de abusiva e ilegal y anunciar el recurso a los tribunales ante este nuevo acto de tiranía.
A cambio de de películas y partidos de fútbol sin publicidad comercial, el PSOE quiere suministrarnos una nueva dosis de adormidera a base de reportajes sobre los peligros de la globalización y el capitalismo y las virtudes del multiculturalismo y el ecosocialismo, concursos de patosos y propaganda gubernamental.
Sin embargo, la televisión pública dista mucho de ser gratuita. A los más de 2200 euros por habitante a que asciende el agujero de RTVE, habrá que sumar en breve los recargos en los recibos de teléfono e Internet. En su comparecencia tras el Consejo de Ministros del viernes, la vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega elogiaba el modelo de financiación contenido en el anteproyecto de Ley de Financiación de la Corporación de RTVE como transparente, equilibrado y razonable. En realidad, se trata de un nuevo atraco perpetrado por una pandilla de vulgares cuatreros a los que los españoles deberían poner fuera de la circulación política cuanto antes.