Sin entrar en el cambio fundamental que puede producirse con la futura regulación del aborto en España –donde pasaríamos de una ley de indicaciones a una ley de plazos, con los problemas de constitucionalidad que ello puede plantear a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto donde se recogió la necesaria protección al no nacido– me gustaría centrarme en algo quizás menos vistoso, pero también importante.
Con esta posible reforma, las menores de edad pero mayores de 16 años podrán abortar sin el consentimiento e incluso sin el conocimiento de sus padres. Es decir, si una chica de 17 años quiere hacerse un "piercing" necesitará del consentimiento de sus padres, pero si esa misma menor quiere abortar, podrá hacerlo sin contar con su familia. Esto nos lleva a una situación donde la Administración pasa a asumir funciones que debería realizar la familia.
De esta manera, esta reforma olvida que el artículo 39 de nuestra Constitución, dentro de los principios rectores de la política social y económica, señala: "Los poderes públicos asegurarán la protección social, económica y jurídica de la familia", y que el artículo 53.3 sigue diciendo: "El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo Tercero, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen". Por ello, la Constitución mantiene que el Estado no podrá actuar en contra de las coordenadas morales que cada familia quiera dar a sus descendientes, siempre y cuando éstas no contradigan otros principios constitucionales.
Y justamente lo contrario es lo que parece que está haciéndose con este anteproyecto sobre el aborto, en donde se intenta solapar la labor de la familia entregándosela a los poderes públicos. De este modo, el Estado coarta la libertad de las familias para educar en valores a sus hijos, sustituyendo esa labor por una relatividad moral en la que se obliga a estar incluso a aquéllas que no quieren incluirse en ella.