En esta legislatura el PSOE pretende recortar un derecho fundamental: el derecho a la vida. Zapatero, para intentar esconder su gran fracaso y su gran mentira sobre la economía española, ha radicalizado más su posición de falsa progresía. Bajo los eufemismos de conquistar nuevos derechos civiles, de garantizar la igualdad de las mujeres, lo que hace es cercenar el más fundamental de los derechos de la persona.
Lamentablemente, es habitual en el presidente la utilización táctica de determinadas cuestiones, nunca menores. Para desviar la atención de los ciudadanos respecto a los problemas reales, en muchos casos provocados, o al menos agravados por él, Zapatero no duda en vulnerar derechos de algunos, en provocar artificialmente demandas políticas que no existen, aún a riesgo de provocar tensiones y fracturas sociales, o en reabrir irresponsablemente viejas heridas del pasado. Lo vimos en la pasada legislatura con la Ley de Memoria Histórica y los debates sobre "buenos y malos" que extendieron de forma repugnante a las víctimas del terrorismo. Había que tapar la mala gestión del Gobierno, había que tapar la negociación con los terroristas y la ignominiosa claudicación al chantaje de De Juana Chaos...
Pero el proyecto del Gobierno de reformar la Ley del Aborto no es sólo una cortina de humo sino que responde también al objetivo de transformación radical de nuestra sociedad. Se trata de abrir una nueva era en la que la vida ya no sea un valor a proteger, mientras se reivindican como derechos el aborto o la eutanasia. El doctor Montes –con quien tanta empatía ha mostrado Zapatero– y sus sedaciones mortales producen escalofríos. Sus prácticas así como la trivialización que sobre la vida de algunos (los no nacidos, enfermos terminales o ancianos) se hace desde la izquierda española, recuerdan las tesis del penalista Alfred Binding en que se basó la Alemania de Hitler para defender "el aniquilamiento de la vida no digna de ser vivida".
Esta sociedad no puede defender acabar con la vida de miles de personas, no puede atribuirse la decisión sobre qué vidas no son dignas de ser vividas, no debería contemplar impasible cómo en España cada año se practican cien mil abortos, no debería considerar el aborto como un derecho de la mujer y promoverlo como si de una solución se tratase, olvidando que desde el momento de la concepción hay vida y que ese ser humano que todavía no ha nacido, el nasciturus, es sujeto de derechos y su vida ha de ser protegida.
Creo que todo aborto provocado es un fracaso de la sociedad. Pone de manifiesto el abandono y la desprotección en que se encuentran muchas mujeres ante los problemas generados por un embarazo no deseado. Pone de manifiesto la falta de medidas para evitar algo tan traumático y que tantos daños psíquicos comporta. Asociaciones que prestan apoyo psicológico a mujeres que han sufrido un aborto provocado señalan cómo muchas de ellas no querían abortar y, si lo han hecho, ha sido porque se encontraban solas, presionadas hacia esa decisión y sin apoyo económico o social para continuar con su embarazo.
Que en España no haya dejado de aumentar anualmente el número de abortos es un grave fracaso. Que en los dos últimos años hayan abortado once mil menores de edad y que una de cada diez adolescentes que aborta lo haga por segunda vez es un auténtico drama. Pone de manifiesto el absoluto fracaso de las políticas de prevención de embarazos no deseados, de las políticas de educación sexual de los jóvenes y de la educación y formación en general. Hemos visto cómo no se respeta el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación y formación que consideren adecuada según sus convicciones. Tenemos un claro ejemplo de ello en la Educación para la Ciudadanía. Pero ahora el Gobierno pretende ir mucho más allá al permitir que las menores de 16 años puedan abortar sin el conocimiento ni el consentimiento paterno. Es una barbaridad excluir a los padres de una decisión de la trascendencia física, psíquica y moral que tiene el aborto.
En vez de atajar una realidad escalofriante, el Gobierno promueve una ley radical que sólo beneficia a quienes hacen del aborto un negocio. En vez de plantearse como objetivo reducir el número de abortos, la ministra de Igualdad promueve una ley que agravará esa lacra social.
Creo en una sociedad que dice sí a la vida. Apuesto por una sociedad que pone todas sus capacidades al servicio de la vida. Pero queda mucho por hacer y el Gobierno ha elegido el camino equivocado.
Este artículo fue publicado originariamente el 15 de marzo en El Día de Valladolid