Vista la argumentación del Supremo para denegar la objeción de conciencia ante la EpC, uno ya no sabe si estamos ante un caso de incongruencia o, más bien, de esa hipocresía que La Rochefoucauld definía como "el homenaje que el vicio rinde a la virtud".
Guillermo Dupuy
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berdonio dijo el día 20 de Febrero de 2009 a las 14:03:
La lucha contra la EpC ha estado mal planteada. El modo de enfrentarse a una “ley” inconstitucional no es ejercer la objeción de conciencia, sino exigir su derogación. ¿Por qué nos obcecamos en confundir las cosas? Dejando al margen cuestiones de táctica política, lo cierto es que la Constitución no reconoce un derecho de objeción de conciencia genérico. Sería absurdo: bastaría con apelar a él para no pagar impuestos o incluso desligarse de las prohibiciones del Código Penal. Lo que sí reconoce es el derecho a la libre conciencia y a no ser adoctrinado por el Estado. Si la EpC permitiera la objeción, es decir, no fuera obligatoria, sería dudosamente democrática pero constitucional. Lo que no se puede hacer es admitir la mayor, o sea, admitir de manera implícita, por no negarlo directamente, que es constitucional, pero señalar que dejará de serlo si no se reconoce la objeción. Eso es poner el carro delante de los bueyes y pervertir el razonamiento: si una ley es constitucional, no hay razón jurídica para exigir que se pueda objetar.
Una ley es una norma general y abstracta de obligado cumplimiento. Si existiera un derecho de objeción abstracto, no sería posible ninguna ley. Es algo elemental. No sé por qué los padres contrarios a la ley han decidido minusvalorarse llamándose objetores –me imagino que por razones de cobardía, perdón… de marketing político-. Yo no soy objetor a la tiranía, soy enemigo activo; yo no me pongo de perfil y dejo hacer si el mal no me afecta directamente, voy a su encuentro y lo combato fuera para no tener que combatirlo en casa.
La vergüenza del Supremo no radica en negar la objeción, sino en pretender que un poder público se pueda erigir en arbitro de lo que es controvertido y lo que no, tesis básica del totalitarismo. Pero no confundamos conceptos ni la liemos, porque eso sólo genera vulnerabilidad.
La lucha contra la EpC ha estado mal planteada. El modo de enfrentarse a una “ley” inconstitucional no es ejercer la objeción de conciencia, sino exigir su derogación. ¿Por qué nos obcecamos en confundir las cosas? Dejando al margen cuestiones de táctica política, lo cierto es que la Constitución no reconoce un derecho de objeción de conciencia genérico. Sería absurdo: bastaría con apelar a él para no pagar impuestos o incluso desligarse de las prohibiciones del Código Penal. Lo que sí reconoce es el derecho a la libre conciencia y a no ser adoctrinado por el Estado. Si la EpC permitiera la objeción, es decir, no fuera obligatoria, sería dudosamente democrática pero constitucional. Lo que no se puede hacer es admitir la mayor, o sea, admitir de manera implícita, por no negarlo directamente, que es constitucional, pero señalar que dejará de serlo si no se reconoce la objeción. Eso es poner el carro delante de los bueyes y pervertir el razonamiento: si una ley es constitucional, no hay razón jurídica para exigir que se pueda objetar.
Una ley es una norma general y abstracta de obligado cumplimiento. Si existiera un derecho de objeción abstracto, no sería posible ninguna ley. Es algo elemental. No sé por qué los padres contrarios a la ley han decidido minusvalorarse llamándose objetores –me imagino que por razones de cobardía, perdón… de marketing político-. Yo no soy objetor a la tiranía, soy enemigo activo; yo no me pongo de perfil y dejo hacer si el mal no me afecta directamente, voy a su encuentro y lo combato fuera para no tener que combatirlo en casa.
La vergüenza del Supremo no radica en negar la objeción, sino en pretender que un poder público se pueda erigir en arbitro de lo que es controvertido y lo que no, tesis básica del totalitarismo. Pero no confundamos conceptos ni la liemos, porque eso sólo genera vulnerabilidad.