Objetar a EPC está bien, objetar a todo el sistema educativo mejor, y objetar contra la democracia iliberal es sublime.
Magistral, Agapito. Magistral.
Don Agapito, celebro que empecemos a llamar a las cosas por su nombre. La palabra que define este régimen es \"tiranía\". En este régimen no hay estado de derecho, a lo más puede haber residuos porque el régimen y la corrupción no puede abarcar todo.
Este régimen se vive mucho peor que con Franco. Era una dictadura pero funcionaba y muy bien el estado de derecho.
Espero que cada vez haya más gente que se de cuenta que no estamos ni mucho menos en democracia y además sea capaz de expresarlo
Bravo. Gracias.
Yo sólo tendría un 'pero' que poner a este artículo de una persona, por otra parte, tan admirada como es don Agapito. Y lo pondría no por dar la coña, sino por hacer una aclaración conceptual: la Dictadura, contra lo que dice el autor, no es algo que "conciba al Estado como algo construido y acabado de una vez por todas". No. No se puede confundir "dictadura" con "despotismo". La Dictadura, en su propia esencia lleva la connotación de excepcionalidad. Don Agapito se está refiriendo a la Tiranía y la confunde con la Dictadura. La Dictadura es una figura política que existió en la República Romana, sin la connotación peyorativa con la que se malutiliza la palabra en nuestros días. Cuando a Roma amenzaba algún peligro ante el cual su ordenamiento político no podía hacer frente, su Senado nombraba un Dictador que les sacara las castañas del fuego y en el abandonaba, por un tiempo determinado y con esta finalidad, sus prerrogativas y derechos. Así, Fidel Castro sería Tirano, no Dictador. El Gorila Rojo estaría a un paso de convertirse en Tirano, no en Dictador. Y Zapatero, con la ayuda de estos jueces de los que habla don Agapito, anda dándole vueltas a lo mismo. Quizá inconscientemente (ya sabemos que el sujeto no tiene muchas luces) pero en ello anda.
Estoy de acuerdo con el fondo del artículo, pero no acabo de ver qué necesidad hay de enmarañar conceptos. Una cosa es la libertad ideológica y de conciencia, piedra angular de una democracia y derecho fundamental amparado en nuestra Constitución, y otra el derecho de objeción a una ley. En un Estado de Derecho no existe la prerrogativa de sustraerse al imperio de la ley porque una determinada norma no sea de nuestro agrado; el derecho a objetar a una ley ha de estar expresamente recogido en la Ley, pues de lo contrario se incurre en contradicción lógica.
La cuestión no es si tenemos derecho a objetar a una “ley”, sino si tal “ley” es ley, es decir, se ajusta a Derecho. Si se promulga una “ley” ilegal, es decir, anticonstitucional, la solución no es desobedecerla a título individual en plan sálvese quien pueda, mientras permanece vigente para una mayoría incauta, sino echarla directamente abajo por ilegítima.
La sentencia del Supremo ha sido desvergonzadamente sumisa al poder político no por negar el derecho de objeción, sino por no recusar de plano la propia EpC como esencialmente adoctrinadora. Y es que no acabamos de entender que un Estado democrático no puede imponer ningún tipo de valor. La lavada de manos del Tribunal lejos de enervar la EpC pretende convertirla en un pulso permanente o perpetuo juego del gato y el ratón que los ciudadanos tendrán que mantener en gran desventaja con un Estado de manifiesta vocación totalitaria.